Nuevo choque entre Madrid y Baleares por la orden ministerial que autoriza a las embarcaciones privadas a operar como si fueran chárter un máximo de tres meses al año. Pese a la oposición del Govern balear, del sector náutico y de su propio partido en Baleares, el Ministerio de Transportes comunicó en la reunión que mantuvo con la Conselleria del Mar el pasado mes de septiembre que no habrá excepciones territoriales, contradiciendo públicamente al PSIB-PSOE, que había anunciado lo contrario este verano.
La nota de prensa del Govern emitida tras el encuentro obvió la oposición frontal expresada en boca de la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez. «El Govern ha valorado positivamente el encuentro y ha manifestado su compromiso de seguir impulsando una gestión del litoral que combine desarrollo económico con preservación ambiental, asegurando que el sector náutico balear siga siendo un referente, generador de empleo y valor añadido para las islas», señaló el Govern.
El Ministerio desautoriza al PSIB: no habrá excepción para las islas
Según ha adelantado Diario de Mallorca y ha confirmado La Voz de Ibiza, el Gobierno central dejó claro ante los representantes de la delegación balear encabeza por el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, que no contempla limitar la norma estatal que permite a las embarcaciones de lista séptima (uso privado) alquilarse tres meses al año como si fueran de lista sexta (uso comercial). La postura expresada por la directora general de Marina Mercante desmiente directamente lo que el PSOE de Baleares había defendido hace meses al anunciar una excepción a la norma estatal para territorios saturados.
Como no podía ser de otra manera, la medida ha causado un profundo malestar entre los actores del sector náutico balear, que consideran que agrava la saturación del litoral, especialmente en islas como Ibiza y Formentera.
El alquiler de barcas sin titulación y la comercialización por tickets también son fuente de oposición.
El delegado del Gobierno exige cambios en el decreto balear
Además, el Gobierno ha pasado de la palabras a los hechos. Así, la Delegación del Gobierno en Baleares, encabezada por Alfonso Rodríguez, ha enviado un requerimiento oficial al Ejecutivo de Marga Prohens para que modifique su decreto autonómico, al entender que invade competencias estatales. Entre los artículos cuestionados figura el que prohíbe el alquiler temporal de yates privados.
Según el requerimiento, esa regulación rompe el principio de igualdad al impedir una actividad legal en el resto de España. Rodríguez añade que permitir el alquiler no incrementa el número de barcos, sino que «redistribuye su uso», un argumento rechazado frontalmente por los expertos del sector.
La advertencia de la Delegación del Gobierno caerá en saco roto. Según ha confirmado La Voz de Ibiza, no entra en los planes de la Conselleria del Mar modificar el decreto autonómico.
De hecho, así ha sido trasladado en un escrito «razonado y fundamentado jurídicamente».
Por lo tanto, las diferencias de criterio, salvo que haya una aproximación, serán resueltas en el Constitucional. Mientras tanto, el decreto autonómico prohíbe el polémico Airbnb náutico.
El sector náutico tacha de “analfabeta” la visión del Estado
José María Jiménez, presidente de la patronal APEAM, ha cargado, en declaraciones recogidas por el rotativo mallorquín, contra el razonamiento del Gobierno, tildando sus tesis de “analfabetismo náutico”. Asegura que un yate privado que se alquila pasa a estar más presente en el mar, lo que aumenta, no disminuye, la presión sobre el entorno marino.
Sí habrá exigencias que se mantienen
No todo es conflicto. Desde la Conselleria del Mar se subraya que el Estado no ha cuestionado dos aspectos clave del decreto:
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La obligación de que las embarcaciones de alquiler cuenten con un punto de carga y tratamiento de residuos.
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La necesidad de tener un representante legal en España para canalizar posibles comunicaciones.
Ambas medidas, afirman tanto el Govern como el sector, ayudarán a controlar el crecimiento de los llamados yates sin bandera que operan cada verano en las aguas de Ibiza y Formentera sin cumplir las normativas mínimas.
