El Gobierno ha establecido un plazo máximo de tres meses, hasta el 20 de junio, para que las comunidades autónomas acuerden los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Si no se alcanza un consenso, se aplicará el Real Decreto-ley aprobado este martes, que modifica la Ley de Extranjería y establece el reparto obligatorio de estos menores desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto del país.
El decreto, que entra en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marca el 20 de marzo de 2026 como fecha límite para completar la reubicación de los menores que actualmente se encuentran en territorios con sobreocupación.
Las comunidades deberán reportar sus cifras de acogida
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que las comunidades autónomas deben informar antes del 31 de marzo de 2025 sobre su capacidad de acogida. A partir de estos datos, cada año se fijará un límite máximo de menores atendidos por cada territorio.
En casos de sobreocupación, el decreto establece que el traslado del menor a la comunidad de destino no podrá demorarse más de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados.
Un reparto basado en criterios socioeconómicos
El texto aprobado recoge un nuevo artículo 35 que fija los criterios para la distribución de menores entre comunidades. Se tendrá en cuenta:
- La población de cada comunidad.
- La renta per cápita.
- La tasa de paro.
- El esfuerzo previo de acogida.
- La capacidad de plazas disponibles.
- La condición de insularidad o ciudad fronteriza.
Además, el Ejecutivo ha garantizado la financiación con un fondo especial de 100 millones de euros adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para 2025.
¿Cómo afectará esta medida a Baleares?
El Govern ya ha manifestado su oposición a acoger más menores migrantes, argumentando que el archipiélago tiene sus propios problemas migratorios y que sus recursos están al límite. En anteriores ocasiones, el Ejecutivo autonómico ha señalado la falta de infraestructuras adecuadas para absorber nuevos menores no acompañados.
Según cifras recientes, en Baleares ya hay un número significativo de menores bajo tutela de la administración: 634, distribuidos así: Mallorca acoge a 463 menores, Formentera a 96, Ibiza a 70 y Menorca a solo 5. La nueva normativa podría obligar a la comunidad a asumir una carga mayor, pese a la negativa expresada por el Govern.
El Govern balear ha insistido en que su capacidad de acogida es limitada y que el reparto obligatorio no tiene en cuenta las particularidades de cada comunidad. Mientras tanto, organizaciones sociales han advertido sobre la necesidad de reforzar las infraestructuras de atención para evitar una crisis en el sistema de protección de menores.
