Ha sido postergada hasta 2025 la aplicación el nuevo Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima que contempla la opción de que los barcos de lista séptima, es decir, de particulares, puedan ser arrendados durante tres meses al año. Su entrada en vigor, inicialmente programada para julio de este año, ha quedado aplazada hasta enero de 2025.
A pesar de que el Gobierno había anunciado que las comunidades tendrían la última palabra en una especie de zonificación a la hora de decidir la aplicación de la medida, el sector del chárter de Ibiza se había opuesto a la medida y tanto el anterior Govern como el actual, también.
No convencía la zonificación por el riesgo de que barcos de lista séptima de otras comunidades acabaran siendo charteados en Baleares.
En una reunión por videoconferencia, el director general de Marina Mercante, Gustavo Santana, se lo comunicó esta semana al portavoz del chárter marítimo en Baleares, José María Jiménez, y al presidente de APEAM, la asociación de empresas de actividades marítimas en las Islas, Santiago Mayo, también con la participación del subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación Internacional, Julio Carlos Fuentes.
Se espera que la próxima normativa pueda permitir la exclusión de Baleares y de otras zonas en tanto que áreas con alta cantidad de embarcaciones.
En estos momentos, cualquier actividad de chárter marítimo en Baleares requiere que la embarcación está despachada en lista sexta y la presentación de una declaración responsable ante el Govern balear.
El sector del charter de Ibiza considera que dicha normativa ya es excesivamente laxa y que propicia lo que el presidente de la patronal náutica de Pimeef, Ramon Van Der Hooft, califica de «intrusismo legal desde la Península», un fenómeno al que se oponen porque supone competencia desleal, satura el litoral y genera mala imagen.
«Los barcos que vienen de fuera y fondean todo el verano en nuestras calas es una competencia desleal enorme con los que barcos que tienen personal aquí, oficina aquí, amarre aquí y hacen su ciclo de mantenimiento aquí y que, por lo tanto, tienen unos costes mayores. Estos barcos no dejan nada en Baleares, salvo 120 euros de las tasas de la declaración responsable», lamenta Van der Hooft.
Mayor oposición genera que barcos particulares puedan alquilarse durante tres meses al año, lo que supondría una competencia desleal todavía mayor.
El conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, se opone a dicha posibilidad.
