El Govern balear ultima una nueva ley de ordenación y gestión integral del litoral que ha encendido el debate político y social en las Islas. El texto, impulsado por la Conselleria de la Mar, podría suponer la regularización de centenares de edificaciones costeras que hoy están amenazadas de derribo bajo la actual legislación estatal de costas.
Según ha explicado el conseller responsable del área, la norma está prácticamente lista para ser enviada al Consell de Govern y prevé salvar del derribo construcciones tradicionales que hoy, con la legislación vigente, estarían obligadas a ser demolidas. Entre ellas se encuentran casetas de pescadores, chiringuitos, “escars” tradicionales y otras edificaciones de la franja litoral que forman parte del paisaje cultural de las islas.
Además de la regularización de estas edificaciones, la futura ley busca reforzar la planificación del uso del litoral por parte de los ayuntamientos y consells insulares, incluyendo la capacidad de decidir sobre la conservación y los usos de estas construcciones.
Amnistía costera: del agrado de Vox, recelo en la izquierda
La propuesta ha sido calificada como una “amnistía costera”, un término que ya ha generado reacciones encontradas en el panorama político. Por un lado, la formación de Vox ha manifestado su agrado por la idea de regularizar edificaciones y ha señalado que, aunque aún no conoce todos los detalles del texto, la medida “suena bien” y podría contar con su apoyo si se acompaña de matices que atiendan también a otras prioridades del partido.
Por otra parte, las fuerzas de izquierda han expresado preocupación y recelo ante lo que consideran una posible puerta abierta a la legalización de construcciones que deberían desaparecer por criterios medioambientales o normativos. Mercedes Garrido, del PSIB-PSOE, ha advertido de que la norma podría no responder a las necesidades reales de Baleares ni tener en cuenta el cambio climático en la gestión del litoral.
Representantes de otros grupos progresistas como Més per Mallorca y Més per Menorca han coincidido en la necesidad de que la futura ley proteja y regule el litoral sin convertirla en una amnistía general que favorezca usos indebidos o descontrolados.
Un debate con múltiples aristas
La discusión sobre esta normativa se inscribe en un contexto más amplio: España y las comunidades autónomas enfrentan desde hace años el desafío de conciliar la protección del dominio público marítimo-terrestre con la preservación de construcciones históricas o tradicionales que, por el avance natural del litoral o los deslindes de terrenos costeros, se han visto a menudo en situación irregular.
Organizaciones de conservación como el GOB Mallorca han advertido en el pasado que proyectos similares pueden favorecer la especulación y la gestión poco estricta de los ecosistemas costeros, por lo que reclaman un enfoque que priorice la protección ambiental frente a intereses urbanísticos.
Un equilibrio difícil entre patrimonio y protección
Así, la futura ley del litoral plantea un reto complejo: por un lado, salvar del derribo elementos culturales y tradicionales del paisaje balear, y por otro, garantizar la integridad de espacios que deben ser preservados por su valor medioambiental y por el interés público general, tal y como recoge la normativa estatal vigente sobre costas.
El texto final abrirá ahora un periodo de negociaciones con los grupos parlamentarios, donde se decidirá si la norma puede salir adelante con el apoyo de partidos como Vox o si las críticas de la izquierda y otros sectores obligarán a reformular su contenido.
