El Govern de Baleares ha decretado la prohibición expresa del alquiler turístico de embarcaciones desde amarres particulares en puertos de gestión autonómica, en una clara respuesta a la normativa estatal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de julio, que permite el uso comercial temporal de embarcaciones privadas.
La medida llega tras reiteradas manifestaciones de oposición al conocido como Airbnb náutico, la medida del Gobierno central que entrará en vigor el 15 de agosto en puertos de titularidad estatal. Dicha medida permite a particulares alquilar sus barcos de forma esporádica.
Medida de choque frente al modelo estatal
PortsIB, entidad que gestiona los puertos autonómicos de Baleares, ha dictado una resolución que califica como infracción grave el uso comercial de amarres particulares, lo que podrá derivar en expedientes sancionadores y la retirada inmediata del permiso de uso. Esto aplica para los puertos de gestión directa, incluido el de Sant Antoni, en Ibiza.
En total, Puertos de las Islas Baleares (PortsIB) gestiona 2.625 amarres base de lista 7ª (de recreo) en 19 puertos del archipiélago, si se cuentan los de gestión directa e indirecta.
La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha justificado esta decisión alegando que el modelo balear “distingue claramente entre usos particulares y comerciales”, incompatibles en la práctica.
“Utilizar amarres sociales con fines lucrativos desvirtúa su finalidad”, señala el Govern, que recuerda que el objetivo de estos espacios es garantizar un equilibrio entre náutica recreativa y profesional, y no favorecer la especulación.
En puertos de gestión indirecta
Al mismo tiempo, para reforzar el control sobre los puertos bajo régimen de gestión indirecta, PortsIB ha exigido a las concesionarias que presenten en un plazo de diez días una propuesta provisional de reparto de amarres, diferenciando entre uso particular y profesional, e identificando si se destinarán a chárter náutico o transporte marítimo.
El Govern insiste en que la resolución estatal no tiene capacidad para alterar el marco jurídico autonómico ni puede imponerse sobre las condiciones de uso recogidas en las concesiones que rigen los puertos baleares.
El Govern vs el Gobierno central
Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo balear, que ha intensificado su rechazo al modelo estatal de alquiler turístico de barcos, por considerar que vulnera las competencias autonómicas y altera el equilibrio del litoral. Tal y como ha publicado La Voz de Ibiza, el Govern estudia todas las vías legales para frenar la medida del Gobierno central.
Por su parte, el Consell de Ibiza ha denunciado la “deslealtad” del Ejecutivo estatal y ha exigido frenar la liberalización del chárter náutico desde puertos estatales, advirtiendo de un impacto directo sobre el acceso de los residentes al mar y un deterioro de la sostenibilidad costera.
