La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha presentado sus alegaciones contra el proceso de traslado a Baleares de los dos primeros menores migrantes no acompañados previstos por el Estado. El Ejecutivo autonómico justifica su rechazo en la “sobreocupación” del sistema de protección y en la “falta de documentación” imprescindible sobre los chicos.
Según el Govern, Baleares atraviesa una situación de “sobresaturación” en la red de acogida: más de 700 menores tutelados, lo que supone —afirman— una ocupación “superior al 1.000%” respecto de su capacidad ordinaria. En este contexto, la Conselleria subraya que dos de cada tres menores bajo tutela en las Islas son de origen migrante, una presión que —añade— “dificulta garantizar una atención adecuada y respetuosa con los derechos de todos los niños y adolescentes tutelados”.
En su nota, la Conselleria sostiene que la reciente declaración de emergencia migratoria por parte del Estado reconoce la magnitud del fenómeno, y considera “inviable” asumir nuevas derivaciones mientras no se refuercen los recursos disponibles en la comunidad. “La respuesta debe ser solidaria, equilibrada y ajustada a la capacidad real de cada territorio”, recalca la administración autonómica.
Los argumentos del Govern
En el plano jurídico, el Govern argumenta que el procedimiento vulnera lo dispuesto en el Real Decreto 658/2025, al no haberse completado —según denuncia— los trámites de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Apunta, además, “falta de documentación esencial” sobre la situación personal y familiar de los menores y la ausencia de garantías suficientes en los protocolos de protección y repatriación previstos en la normativa.
La Conselleria recuerda que ya ha impugnado varios textos estatales vinculados a la acogida de menores migrantes: el Real Decreto-ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería para actuar ante contingencias migratorias; el propio Real Decreto 658/2025, que regula el reparto entre comunidades; y el Real Decreto 743/2025, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección en Baleares en 406 plazas, cifra que el Ejecutivo autonómico considera “del todo inasumible” en la coyuntura actual.
Pese a su oposición al traslado, el Govern asegura que “mantiene su compromiso” con la protección de la infancia y el interés superior del menor. No obstante, reclama al Estado que “ejerza plenamente sus competencias y ofrezca soluciones efectivas”, entre ellas el refuerzo de plazas y de financiación para poder prestar una atención adecuada en las Islas.
