Una chispa, una bombona, un generador. Un incendio. Y una isla al borde de una tragedia que no fue. Esta vez.
El pasado 26 de junio, en plena jornada de alerta máxima por riesgo de incendios forestales (nivel 4), el asentamiento irregular de Can Rova 2, junto al supermercado Hiper Suerte, ardía en llamas.
Una explosión, provocada por una bombona de butano en la cocina de una tienda improvisada, desató el fuego que afectó a una caravana, tiendas, estructuras de madera, plásticos y lonas. Material combustible, sin control, sin cortafuegos ni hidrantes.
Por fortuna, no hubo víctimas. Pero el humo y las llamas, visibles desde varios puntos de la isla, activaron todas las alarmas —y no solo las físicas— en un municipio que lleva meses alertando del peligro de este enclave.
El riesgo no era una teoría: estaba geolocalizado
Los informes técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ya lo advertían. Can Rova 2 representa un peligro real para la salud pública, para quienes malviven allí y —esto ha pasado desapercibido hasta ahora— para las infraestructuras críticas de la isla.
El asentamiento está ubicado en es Puig d’en Valls, sobre una finca privada conocida como Cas Bunets, a pie de la carretera C-731. A apenas 300 metros se cruza con la EI-600 y a menos de 800 metros conecta con la EI-20, las dos principales vías de comunicación intermunicipal. A 2,3 kilómetros está el Hospital Can Misses. Y dentro del mismo radio, los helipuertos del hospital y del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de sa Coma.
Hospital, helipuertos y carreteras clave: un triángulo bajo amenaza
En el comunicado emitido tras el suceso, el Ayuntamiento fue tajante: «En caso de un incendio de mayor magnitud, estarían en riesgo infraestructuras críticas del municipio, como las vías principales EI-600 y EI-20, los helipuertos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de sa Coma y del Hospital Can Misses, así como el propio hospital y zonas de alto valor ambiental como sa Serra Grossa (Zona de Especial Conservación) y áreas verdes colindantes, que podrían afectar a la pérdida de Eivissa, Sant Josep y Sant Antoni.»
La frase sobre la “pérdida” de tres municipios puede parecer exagerada, pero resume una cadena de consecuencias: bloqueo de accesos, evacuaciones masivas, colapso sanitario y un entorno natural seriamente dañado.
Una intervención paralizada por la justicia
El Ayuntamiento de Santa Eulària tramitó una orden judicial para desalojar el asentamiento en abril, basándose en informes que advertían de acumulación de residuos, presencia de combustibles, generadores, materiales inflamables y ausencia total de seguridad eléctrica y contra incendios. La orden fue concedida, pero suspendida pocas horas después. El caso está judicializado y en espera de resolución.
Más de 770 personas viven en asentamientos ilegales: cifra ya superada
El 20 de junio, solo seis días antes del incendio, el Consell de Ibiza y los cinco ayuntamientos acordaron exigir al Estado una implicación urgente ante el aumento de asentamientos ilegales, muchos en zonas forestales y con condiciones “insalubres e inhumanas”.
Se estimó entonces en 770 las personas que residían en este tipo de infraestructuras, pero esa cifra no incluía Can Rova 2 ni otros focos detectados en los últimos meses. El presidente del Consell, Vicent Marí, advirtió: “No podemos normalizar esta forma de vida que, además, supone un auténtico peligro para el entorno y para la propia vida de quienes malviven en este tipo de infraviviendas.”
También denunció la ausencia del Estado y pidió sumar a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los alcaldes solicitaron una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Baleares.
Una alerta que lo agrava todo
El incendio tuvo lugar en uno de los días más peligrosos del año. Según el sistema de la Conselleria de Medi Ambient, el nivel de riesgo de incendio forestal era 4, el más alto. Toda la isla estaba bajo alerta. Se prohibía cualquier uso del fuego, incluso barbacoas o quemas agrícolas. La consigna era clara: máxima precaución.
Pero en Can Rova 2, la vida transcurre entre bombonas de butano, generadores, chispas, residuos y cableado casero.
Un entorno natural que también pudo arder
La ZEC de Serra Grossa, una Zona de Especial Conservación reconocida por la UE, se encuentra a pocos cientos de metros del asentamiento. Si el fuego hubiese llegado hasta allí, Ibiza no solo estaría lamentando una tragedia humana y sanitaria, sino una crisis ambiental de alcance europeo.
Una advertencia encendida
El incendio del 26 de junio fue una alerta. No una anécdota. Confirmó todos los informes previos, todas las advertencias institucionales y todas las consecuencias posibles. Y, pese a ello, el asentamiento sigue activo.
La familia afectada perdió su vivienda y rechazó la ayuda de los servicios sociales. Y la isla continúa con su infraestructura crítica a merced del próximo accidente.
Esta vez, hubo suerte. La próxima, no hay garantías.
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