El nuevo reglamento del taxi de Baleares refuerza la necesidad de que los consells insulares regulen las autorizaciones de taxi de ámbito insular, incluidas las de carácter temporal, pero el Consell de Ibiza no prevé implantar esta figura por ahora, según ha confirmado la institución a La Voz de Ibiza. La cuestión ha vuelto al debate tras la aprobación del decreto autonómico y después de que el Govern admitiera durante su tramitación que esas autorizaciones aún no han sido creadas ni reguladas por ningún consell, pero que “será este el momento”.
El debate gira en torno a las licencias estacionales que cada verano refuerzan el servicio de taxi en Ibiza. Actualmente, los ayuntamientos conceden licencias temporales municipales y el Consell autoriza que puedan realizar servicios interurbanos en toda la isla, pero el sector sostiene que ese sistema carece del desarrollo reglamentario que prevé la legislación.
De hecho, un escrito presentado recientemente ante el Consell por el taxista y miembro de la Agrupación de Autotaxis de Baleares Joan Marí Riera reclama la creación y regulación mediante reglamento de las autorizaciones de taxi de ámbito insular, tal como prevé la legislación balear.
Lo que establece la ley y el nuevo reglamento
La Ley de Transportes de Baleares de 2014 ya establece que las autorizaciones de transporte discrecional de viajeros en vehículo de turismo de ámbito insular —tanto permanentes como temporales— deben regirse por las disposiciones que aprueben los respectivos consells insulares, donde se definan el procedimiento de autorización, los derechos y obligaciones de los titulares, la duración o las tasas.
Además, el Consell Consultiu de las Illes Balears ya había señalado en un dictamen de 2016 que la regulación de este tipo de autorizaciones puede realizarse mediante reglamento insular, al tratarse de una competencia propia de los consells dentro de su ámbito territorial.
El nuevo Decreto 6/2026 que regula el taxi y las VTC en Baleares vuelve a insistir en ese mismo principio y establece que las autorizaciones de taxi de ámbito insular deberán regirse por las disposiciones que aprueben los consells insulares.
Durante la tramitación del reglamento, además, el Govern respondió a una alegación señalando que hasta ahora ningún consell insular ha creado ni regulado formalmente estas autorizaciones, pero que “será a partir de este momento cuando se determinen sus características concretas”.
El sistema actual en Ibiza
En la práctica, Ibiza ya funciona parcialmente con un modelo de carácter insular durante la temporada turística, aunque sin un reglamento específico que cree esa figura jurídica.
Cada ayuntamiento aprueba sus licencias temporales de taxi para reforzar el servicio durante el verano y posteriormente el Consell autoriza que esas licencias municipales puedan realizar recorridos interurbanos en toda la isla.
El sector sostiene que este sistema se basa en resoluciones administrativas anuales del Consell, pero no en una regulación insular completa que defina las características de esas autorizaciones, algo que, según los taxistas que han impulsado la iniciativa, permitiría aportar mayor seguridad jurídica al modelo.
Entre otras cuestiones, un reglamento podría fijar el procedimiento de concesión, la duración de las autorizaciones, las condiciones de prestación del servicio o los derechos y obligaciones de los titulares, aspectos que actualmente dependen de las decisiones adoptadas cada temporada.
En cuanto a las licencias ordinarias, el Consell es quien otorga las licencias VT nacionales.
La posición del Consell de Ibiza
Pese a ello, el Consell de Ibiza no contempla implantar por ahora un sistema de taxi insular regulado mediante reglamento.
Fuentes de la institución ya señalaron a La Voz de Ibiza cuando se conoció el primer borrador del decreto autonómico que no se planteaba la creación de un servicio de taxi insular, al considerar que el sistema actual permite trabajar de forma coordinada en toda la isla.
Tras la aprobación del reglamento, el Consell mantiene esa posición. Desde la institución señalan que la orden de carga y descarga vigente ya permite trabajar de manera insular y recuerdan que la ley también contempla la posibilidad de que los ayuntamientos creen áreas de prestación conjunta, una fórmula que el Consell asegura que apoyaría si los municipios decidieran impulsarla.
Consultada por La Voz de Ibiza, la Dirección de Movilidad del Govern evitó comentar la postura adoptada por el Consell de Ibiza.
El Consell ya remarcó semanas atrás esta postura cuando el Ayuntamiento de Sant Josep dispuso recortar 15 días su calendario de estacionales y taxistas del municipio protestaron.
En aquel momento, el Consell de Ibiza insistió en que la duración de las licencias estacionales es competencia exclusiva de los ayuntamientos, al ser ellos quienes conceden las autorizaciones municipales. Este tipo de situaciones es precisamente uno de los argumentos de quienes defienden la creación de una regulación insular específica, ya que un reglamento de ámbito insular permitiría fijar criterios comunes para toda la isla y evitar diferencias entre municipios en aspectos como los periodos de actividad o las condiciones de prestación del servicio.
La diferencia con las VTC de Mallorca
Un modelo que la Agrupación de Autotaxis de Baleares señala al hablar de crear licencias estacionales mediante reglamento es el de Mallorca y cómo creó las VTC estacionales insulares. El Consell de Mallorca reguló autorizaciones mediante el Decreto 46/2019, de 7 de junio, que establece las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor (VTC) de ámbito insular y carácter temporal. La norma fija aspectos como el procedimiento de concesión, los requisitos de los vehículos, la duración de las autorizaciones o las condiciones de prestación del servicio.
Este modelo se basa en un reglamento insular que define previamente las características de las licencias temporales, algo que parte del sector del taxi considera que también debería aplicarse en Ibiza para las autorizaciones estacionales que cada verano operan en toda la isla. Según este planteamiento, una regulación reglamentaria permitiría establecer criterios comunes y aportar mayor seguridad jurídica al sistema.
