El Parlament balear debate un cambio de fondo en la regulación de las VTC que afecta directamente a plataformas como Uber, tras la presentación de enmiendas por parte de PP y PSIB que refuerzan el control sobre el sector, endurecen el régimen sancionador y limitan su operativa en las islas. Las propuestas se tramitan dentro de la ley de medidas en curso y afectan a la Ley 4/2014 de transportes y a la Ley 1/2024.
El PP endurece el control con la amenaza de retirar licencias por reincidencia
Las enmiendas del PP refuerzan el control sobre las VTC poniendo el foco en la reincidencia y en las consecuencias reales para los operadores. El texto introduce de forma explícita la posibilidad de perder la autorización en caso de incumplimientos reiterados, al establecer que “la imposición de cinco o más sanciones, mediante resolución firme en vía administrativa, en el período de un año (…) puede dar lugar a la revocación” de la licencia.
Este punto supone un salto relevante en la aplicación práctica del régimen sancionador, ya que conecta directamente las infracciones con la continuidad de la actividad. En paralelo, las enmiendas ordenan y concretan las sanciones aplicables al sector, reforzando su uso en el ámbito del transporte con conductor.
En la práctica, el planteamiento de los populares introduce un elemento de presión claro sobre las VTC: la posibilidad de quedarse fuera del mercado si acumulan incumplimientos, en un contexto de mayor vigilancia administrativa sobre su operativa.
Las enmiendas del PP mantienen sanciones previstas en caso de incumplimientos, que llegn hasta los 25.000 euros en determinadas infracciones.
El PSIB apunta a Uber: control de precios, algoritmos y datos
El paquete del PSIB va más allá del enfoque sancionador y entra directamente en el modelo de negocio de las plataformas. Una de las enmiendas establece que deberán garantizar “la transparencia en la fijación de precios y en los algoritmos utilizados”.
El texto incluye una prohibición explícita: “se prohíbe el uso de algoritmos de fijación de precios que resulten discriminatorios o que fundamenten el precio (…) en variables como el historial del usuario o el nivel de batería del dispositivo”.
Además, obliga a las plataformas a abrir sus datos a la administración: “Deberán mantener a disposición de la Administración la información detallada sobre la composición de los precios”, reforzando la capacidad de control público sobre su operativa.
Más control sobre conductores y actividad de las plataformas
Las enmiendas socialistas también introducen obligaciones sobre la relación con los conductores. Las empresas deberán “establecer condiciones contractuales claras y transparentes (…) e informar sobre las comisiones o tarifas que retienen por cada servicio”.
A esto se suma el refuerzo de la inspección, ya que las plataformas deberán “permitir el acceso de la Inspección de Transportes a los datos de los servicios intermediados” y habilitar canales directos con la administración.
Blindaje territorial y límites a la operativa
Otro de los bloques clave afecta a la forma en que operan las VTC. Las enmiendas refuerzan las restricciones ya existentes y consolidan el modelo territorial por islas. El texto establece que los vehículos “no pueden, en ningún caso, circular por las vías públicas para buscar clientes ni propiciar la captación de viajeros” (un punto del que ya había advertido el Consell Consultiu), ni tampoco “permanecer estacionados a tal efecto” en lugares como aeropuertos, puertos, estaciones o zonas de ocio.
Descanso obligatorio y más capacidad de control
El PSIB introduce también la posibilidad de limitar la actividad diaria de las VTC. La enmienda establece que “todos los vehículos (…) deberán realizar un descanso obligatorio”, que será fijado por cada administración insular.
Este punto abre la puerta a que cada isla pueda controlar directamente la disponibilidad del servicio, en línea con las demandas del sector del taxi.
Un cambio de escenario: más control, con distintos enfoques
El cruce de enmiendas refleja un cambio claro en el debate político. PP y PSIB coinciden en endurecer el control sobre las VTC, pero lo hacen con enfoques distintos.
Los populares refuerzan el marco sancionador y la seguridad jurídica, mientras que los socialistas van más allá e introducen límites directos sobre el funcionamiento de las plataformas, desde los precios hasta los algoritmos o el acceso a datos.
