El Pleno del Consell Insular de Ibiza ha dado luz verde al procedimiento extraordinario para la legalización de construcciones en suelo rústico. La medida, enmarcada en la Ley 7/2024, permitirá a los propietarios regularizar edificaciones cuya infracción haya prescrito, siempre que se adapten a los nuevos criterios ambientales y de integración en el paisaje ibicenco.
Requisitos para acogerse a la amnistía
La normativa aprobada establece varias condiciones obligatorias para quienes deseen legalizar sus construcciones:
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Sustitución de jardines de alta demanda hídrica por especies autóctonas que consuman menos agua.
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Instalación de sistemas de depuración de aguas acorde con el Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
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Creación de depósitos de recogida de aguas pluviales.
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Eliminación de materiales nocivos como el amianto.
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Pintado de cerramientos visibles con acabados de ladrillo o bloque de hormigón.
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Reducción de la contaminación lumínica, según la Ley 3/2005 de protección del medio nocturno.
Además, se han establecido prestaciones económicas obligatorias, cuyo destino será la gestión sostenible de recursos naturales y la ampliación del patrimonio municipal de suelo, con el fin de compensar el impacto ambiental de las edificaciones regularizadas.
Un procedimiento con retrasos y críticas
El procedimiento tendrá una vigencia de tres años, contados a partir de ahora. El proceso conlleva un coste progresivo, con importantes deducción en función de la renta de cada propietario:
- 10% del presupuesto de ejecución si se tramita en el primer año.
- 12,5% en el segundo año.
- 15% en el tercero.
Sin embargo, la medida ha generado controversia. El PSOE de Ibiza ha criticado que esta «amnistía» supone un premio para quienes incumplieron la normativa urbanística, y ha advertido de su posible impacto ambiental. Además, los socialistas han presentado una demanda judicial para solicitar su suspensión cautelar, aunque por el momento la justicia no ha tomado ninguna medida en ese sentido.
Aumento en los proyectos de legalización
Desde que el decreto fue transformado en ley en diciembre de 2024, la regularización de viviendas en suelo rústico ha disparado la demanda de arquitectos en la isla. El Colegio de Arquitectos de las Pitiusas ha tramitado hasta el 4 de febrero 65 proyectos de legalización, la mayoría de ellos durante enero, lo que refleja el interés de los propietarios en acogerse al procedimiento. No obstante, el alto coste de las reformas necesarias podría disuadir a algunos interesados.
Aunque el Consell Insular de Ibiza ya aprobó la aplicación de la amnistía urbanística en junio de 2024, la conversión del decreto en ley obligó a una nueva ratificación, lo que ha reseteado el plazo de tres años. A partir de ahora, los afectados deberán presentar sus proyectos de legalización cumpliendo con las condiciones establecidas.
