La eliminación del catalán como requisito en los procesos de estabilización de funcionarios interinos en Baleares se ha convertido en un nuevo punto de fricción política. El Partido Popular, en línea con el pacto que mantiene con Vox, sigue adelante con su intención de eximir de la acreditación de conocimientos de catalán a los interinos que aspiran a convertirse en funcionarios.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado un importante escollo en el Parlament después de que Més per Mallorca lograra frenar su votación alegando irregularidades en la tramitación.
El intento fallido en el Parlament
El Govern intentó aprobar la medida a través de una enmienda en la Ley de Polígonos Industriales, una maniobra que Més per Mallorca denunció como una vulneración del reglamento parlamentario. Según el diputado Ferran Rosa, la enmienda presentada por el PP fue introducida a última hora mediante una modificación a una propuesta de Vox que, en principio, no tenía ninguna relación con la regulación del catalán.
Ante esta situación, la formación ecosoberanista bloqueó la votación y advirtió que, de insistir en esta vía, acudirán a los tribunales.
Pese a este revés, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, aseguró que la exención del catalán en los procesos de estabilización sigue siendo una prioridad y que están explorando fórmulas para su aprobación en las próximas semanas. «Es una cuestión de seguridad jurídica», argumentó Sagreras, quien recordó que el Govern ya eliminó el requisito lingüístico en sanidad, permitiendo cubrir plazas de difícil acceso, como la de oncólogo en el Hospital de Ibiza.
Cuatro años más para acreditar el catalán
Uno de los puntos clave de la propuesta es la ampliación del plazo para que los interinos estabilizados puedan obtener el certificado de catalán. En 2022, el anterior Ejecutivo concedió un margen de dos años para que los trabajadores que obtuvieran plaza en un proceso de estabilización acreditaran sus conocimientos en la lengua propia de Baleares. Con el nuevo cambio que impulsa el PP, este plazo se extendería otros cuatro años, llegando a un total de seis.
No obstante, la medida también establece que, si un funcionario no acredita el catalán en ese periodo, podrá mantener su plaza, pero sin posibilidad de promoción interna o acceso a procesos de provisión hasta que obtenga la certificación. Desde la oposición, advierten que esta decisión supone, en la práctica, una exención indefinida del requisito lingüístico.
El catalán en sanidad y el blindaje legislativo
Otro de los cambios que plantea el PP afecta a los niveles de catalán exigidos en algunos puestos de la sanidad pública. La propuesta incluye una rebaja en la acreditación lingüística para categorías como celadores y otros perfiles no estrictamente sanitarios, eliminando la necesidad de contar con un nivel B2.
Además, el Govern quiere blindar por ley la exención del catalán en sanidad para que no dependa de un decreto ley, como el que se aprobó el año pasado y que actualmente está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Para ello, el PP pretende incluir la modificación en una ley en tramitación, anticipándose a una posible sentencia contraria del alto tribunal.
Més per Mallorca amenaza con acudir a los tribunales
Desde Més per Mallorca, su portavoz, Lluís Apesteguia, fue tajante al respecto y afirmó que su partido está dispuesto a llegar a los tribunales si el PP sigue adelante con la eliminación del requisito del catalán a través de la Ley de Polígonos Industriales.
«El Govern está intentando colar un cambio fundamental en la normativa de función pública a través de una ley que nada tiene que ver con ello. Es un atropello legal y lo denunciaremos en todas las instancias necesarias», aseguró Apesteguia.
Un debate que seguirá abierto en las próximas semanas
Mientras el PP busca nuevas vías para aprobar la exención del catalán en los procesos de estabilización, la oposición ya prepara una respuesta política y judicial para frenar la medida.
La próxima reunión de la comisión encargada de debatir la Ley de Polígonos será clave para conocer el desenlace de esta disputa, que sigue marcando la agenda política en Baleares.
