El precio final que se paga por algunos alimentos en Baleares cuadruplica lo que se abona a los agricultores, según el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD) del mes de junio de 2024.
Jaume Bernis, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), denunció esta disparidad en una rueda de prensa reciente, destacando el abuso de poder de las grandes plataformas de distribución.
Bernis explicó que la diferencia promedio entre el precio pagado a los productores y el precio final para los consumidores es del 4,29%, con una diferencia mayor en productos agrícolas (4,64%) que en productos ganaderos (2,95%).
Este índice de precios se utiliza desde 2008 para monitorear y regular la cadena alimentaria, y ha sido fundamental en la elaboración de la Ley de la Cadena Alimentaria y en la regulación a nivel europeo.
En Baleares, uno de los casos más extremos es el de las naranjas, que se pagaron a 0,19 euros por kilo en origen, pero se vendieron a 2,05 euros por kilo en los supermercados, una diferencia del 979%. Otros productos también muestran grandes diferencias, como el limón (845%), la nectarina (407%), la cebolla (585%), el ajo (502%), el repollo (461%), la lechuga (400%) y la zanahoria (466%). Por otro lado, el aceite de oliva virgen extra tuvo una diferencia menor, del 38%.
Motivos
Joan Miquel Ferragut, portavoz de Unió de Pagesos, subrayó que los alimentos en Baleares enfrentan un sobrecoste de producción del 30%, principalmente debido a los costos adicionales de transporte marítimo de fertilizantes y semillas. Este sobrecoste no se refleja en el precio final de venta, afectando la rentabilidad para los agricultores.
Ferragut también señaló que la importación de productos de terceros países, que no cumplen con las exigencias de la Unión Europea y tienen costos de producción más bajos, agrava el problema. Esta competencia desleal dificulta aún más la situación para los productores locales.
Para mitigar esta situación, Bernis sugirió que los mercados municipales, donde no hay intermediarios, pueden ser una opción más económica y justa tanto para los consumidores como para los agricultores. Además, enfatizó la importancia de cumplir con las leyes existentes y ser valientes al denunciar las malas prácticas en la cadena de suministro.
El informe de COAG pone de manifiesto la urgente necesidad de equilibrar la cadena de distribución de alimentos, garantizando precios justos para los agricultores y costos razonables para los consumidores.
