El PSOE de Ibiza ha decidido llevar ante los tribunales la amnistía urbanística aprobada por el Consell Insular. Esta medida permite la legalización de edificaciones en suelo rústico cuya infracción haya prescrito, y según los socialistas, podría tener graves consecuencias para el territorio y la sostenibilidad de la isla.
El portavoz socialista en el Consell Insular, Josep Marí Ribas Agustinet, junto con la consellera insular Elena López y la diputada en el Parlament balear Pilar Costa, han anunciado la presentación del recurso en una rueda de prensa celebrada hoy.
«Ibiza ya está suficientemente llena y masificada, y no podemos seguir aumentando la presión sobre nuestro territorio», ha afirmado Agustinet. Además, ha señalado que permitir la legalización de edificaciones ilegales sin un adecuado control y regulación es un «desastre» para la isla.
Elena López ha criticado la falta de informes de impacto previos a la aprobación del decreto. «El PP ha aceptado este decreto con los ojos cerrados, sin considerar las consecuencias para nuestro entorno», ha afirmado. Por su parte, Pilar Costa ha instado al Partido Popular a abandonar lo que ha calificado como «cinismo político». «No se puede hablar de acabar con la masificación turística mientras se aprueban normativas que facilitan precisamente esa masificación y dificultan el acceso a una vivienda digna para los residentes», ha subrayado.
Recurso
En su recurso, el PSOE alega que la amnistía urbanística vulnera principios legales fundamentales, ya que el decreto no regula específicamente los procesos de legalización en suelo rústico, sino que se limita a medidas de simplificación administrativa.
Además, el acuerdo del Consell Insular infringiría el artículo 13.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que establece que el uso del suelo rústico debe dedicarse a actividades vinculadas al uso racional de los recursos naturales y la preservación de los valores ambientales, culturales y paisajísticos.
El PSOE sostiene que la Disposición Adicional Séptima del decreto permite la legalización «indiscriminada» de edificaciones sin las garantías necesarias para preservar estos valores.
Por ello, solicitarán al tribunal que eleve una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta disposición ante el Tribunal Constitucional y pedirán la suspensión cautelar del acuerdo del Consell Insular para evitar un «perjuicio irreparable» al medio ambiente y a la ordenación urbanística y territorial de las islas.
