El Ayuntamiento de Santa Eulària ha confirmado la sanción de 905.137,61 euros al promotor del camping ilegal de Can Rova, ubicado en es Puig d’en Valls, por una grave infracción de la Ley de Urbanismo de Baleares.
La sanción, aprobada en la última reunión de la Junta de Gobierno Local, se sitúa en el tramo más alto permitido por la normativa vigente y responde a la explotación de un asentamiento ilegal desmantelado en 2024.
La multa se ha impuesto sin reducciones, ya que el Consistorio ha considerado como agravante que el promotor obtuvo beneficios económicos mediante el alquiler de las parcelas sin autorización. Paralelamente, el Ayuntamiento ordenó la retirada de todos los elementos del asentamiento, una medida que también ha sido cumplida por los titulares de la finca, lo que ha permitido que el terreno recupere su estado original.
Un asentamiento clandestino con fines lucrativos
La finca de Can Rova, de 26.000 metros cuadrados, está clasificada como Suelo Rústico Común con categoría de Área de Transición, lo que impide su uso para actividades como las que allí se desarrollaban. Sin embargo, en el momento de la intervención municipal se documentaron un total de 103 elementos utilizados como alojamiento, entre ellos casetas de madera, caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña, un contenedor e incluso un microbús y un camión adaptado como vivienda.
Las investigaciones determinaron que el responsable del asentamiento cobraba entre 500 y 700 euros mensuales por cada uno de estos espacios, lo que le reportó importantes beneficios económicos a costa de una actividad completamente ilegal. Este hecho ha sido clave en la determinación del importe de la multa, que equivale al 212,5% del valor total de las construcciones detectadas en la finca, según los cálculos realizados por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento.
Ejecución de la orden municipal y restauración del terreno
Además de la sanción económica, el Consistorio dictó una orden de ejecución para que el promotor y sus hermanos, titulares de la finca, procedieran a la retirada de todos los elementos ilegales. La intervención municipal se llevó a cabo en 2024 y supuso el desmantelamiento completo del asentamiento, que llegó a albergar a decenas de personas en condiciones irregulares.
Una vez retiradas todas las estructuras y residuos, la finca ha vuelto a su estado original, conforme a lo establecido por la normativa urbanística. El Ayuntamiento ha confirmado que los trabajos de limpieza y desalojo han finalizado de manera satisfactoria, garantizando que el terreno no siga siendo utilizado para actividades ilegales en el futuro.
Un proceso legal abierto
El responsable sancionado tiene ahora la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento o recurrir la sanción por la vía contencioso-administrativa en los Juzgados. No obstante, el Consistorio ha reiterado que la resolución adoptada cumple con la legislación vigente y que la actuación municipal se ha basado en informes técnicos y jurídicos sólidos.
