El equipo de gobierno de Sa Unió que gobierna en minoría el Consell de Formentera tras la moción de censura presentada contra el líder con el que ganó las elecciones, Llorenç Córdoba, con el apoyo de GxF y PSOE ha evitado por todos los medios facilitar a La Voz de las Pitiusas SL, empresa editora de La Voz de Ibiza, el contrato publicitario suscrito por la institución para el presente ejercicio.
Tanto que en ocasiones ha llegado a afirmar que dicho contrato no existía.
Una de las primeras decisiones que tomó Óscar Portas al llegar al poder, después de que medio equipo de gobierno se fuera de vacaciones, fue dar por extinguido dicho contrato bajo argumentos de lo más surrealistas.
Lo hizo no solo con La Voz de Ibiza sino con todos aquellos medios con los que Córdoba había cerrado el acuerdo para 2025 y que reproducían las condiciones del acuerdo de 2024.
Surrealista justificación
La periodista Beatriz Roselló, recién nombrada jefa de gabinete de Presidencia de Óscar Portas, justificó la decisión en que los contratos fueron firmados por el equipo de Llorenç Córdoba cuando ya estaba presentada la moción de censura por todos los grupos del Pleno.
Además de ser falsa esa justificación, ya que había contratos firmados antes de que fuera registrada la moción de censura, no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico.
No estaba en funciones
Al contrario de lo que sucede cuando se produce una convocatoria electoral y después de las elecciones, la presentación de una moción de censura no implica que el gobierno esté en funciones.
Mantiene intactas todas las atribuciones hasta que la moción de censura se hace efectiva, algo lógico por otra parte en tanto que la presentación de una moción de censura solo presupone que vaya a producirse un cambio de gobierno, no que este se haya producido.
En una comunicación informal y carente de validez jurídica, el Consell de Formentera informó a la empresa editora de este medio, al igual que a las de los otros medios, de que no tenía intención de continuar los trabajos contratados «o al menos en la forma en la que se realizaban hasta ahora» bajo el pretexto de un cambio en la estrategia de comunicación y publicidad institucional.
A pesar de que no introdujo cambios en el presupuesto aprobado por su gobierno, adujo una supuesta y contradictoria política de contención de gastos.
El gobierno insular se comprometió a un próximo encuentro con esta empresa que nunca se produjo.
Derecho constitucional vulnerado
La Voz de las Pitiusas SL solicitó acceso al expediente al Consell de Formentera el 3 de febrero de 2025, solicitud que no fue atendida.
Ante este atropello, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el mes de abril.
Dicho organismo solicitó en una primera comunicación a la Secretaría General del Consell de Formentera «requiriendo la remisión del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y las alegaciones que se consideren oportunas».
Ni esta empresa ni el Consejo de Transparencia recibieron respuesta alguna del Consell de Formentera.
El PSOE se interesa por la cuestión
Paralelamente, el PSOE, al tener conocimiento de las supuestas rescisiones masivas de contratos publicitarios, se interesó por la cuestión. El PSOE, a través de Ana Juan, la llevó al Pleno del pasado mes de mayo.
«Ustedes se comprometieron en dos ocasiones en el Pleno a entregarnos copia de dichos contratos. Ayer recibimos la documentación, como no hemos tenido tiempo de revisarla, le pido que nos lo explique aquí públicamente», le dijo Ana Juan a Óscar Portas.
Dos contratos ocultados por Sa Unió
En ese momento, el PSOE no sabía que ni el contrato de La Voz de las Pitiusas, SL ni el de la empresa responsable de Formentera Radio no habían sido facilitados, dicho en otras palabras, habían sido ocultados deliberadamente.
«Ya lo tienen todo», les dijo Portas. Y se negó a leer la documentación porque no la tenía preparada en ese momento.
La mentira del secretario
En ese momento y sin que nadie le solicitara su intervención, el secretario de la Corporación tomó la palabra para decir que «hoy cuando veníamos al pleno hemos recibido un registro de entrada del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno desde Madrid (en realidad fue recibido el día anterior) diciéndonos que está investigando todo esto».
La realidad es bien distinta a la que quiso hacer ver el secretario de la Corporación, el mismo que se negó a atender el primer requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Mintió Àngel Custodio en el Pleno, el supuesto garante de la legalidad y el fedatario público de la institución.
Y, además, lo hizo por partida doble y sin venir a cuento y, más que probablemente, a sabiendas.
La realidad era bien distinta. El Consejo de Transparencia, después del silencio de su primera comunicación, registró un requerimiento instando al Consell de Formentera a entregar a La Voz de las Pitiusas SL el contrato en un plazo de 20 días.
No había investigación en marcha alguna. Simplemente, un organismo público que recordaba al Consell de Formentera que estaba obligado a cumplir los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Un solo contrato afectado
Además, la supuesta investigación, en el caso de existir, solo habría afectado al contrato de La Voz de las Pitiusas, SL, no al de Formentera Radio, ni a los otros contratos de los otros medios.
Por si no fuera suficiente, fuentes jurídicas consultadas por este medio han asegurado que una hipotética investigación del Consejo de Transparencia nunca habría sido motivo para no facilitar la información a la oposición.
Sorpresa en el PSOE
Otro elemento que habla por sí solo de la opacidad con la que gobierna Sa Unió el Consell de Formentera es que la documentación facilitada al PSOE omitió los contratos de La Voz de Ibiza y de Formentera Radio.
Fue una sorpresa para el PSOE comprobar que las cifras no coincidían, fruto de esta intencionada omisión.
A la vista de esta fechoría, el PSOE volvió a presentar una pregunta en el pleno de junio sobre esta cuestión interesándose por los motivos que llevaron al gobierno insular a no facilitar los dos citados contratos. El presidente, Óscar Portas, atribuyó la paternidad de la decisión al «secretario de la Corporación».
«El 29 de mayo recibimos un requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre uno de los contratos. El secretario por precaución prefirió contestar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por si alguna de la información no pudiera ser entregada públicamente», dijo Portas.
«Ojoplático». Así aseguró sentirse Rafa Ramírez, el secretario general del PSOE y en esta ocasión portavoz del Grupo, ante la respuesta del presidente.
Ramírez puso en duda que el Consejo de Transparencia fuera motivo suficiente para no entregar documentación a la oposición y que en cualquier caso solo afectaría a un contrato no al resto.
«No se lo voy a discutir, fue una cuestión jurídica del secretario», fue la respuesta de Portas.
Finalmente, tanto la oposición como la empresa editora de La Voz de Ibiza han recibido copia del contrato que en algún momento Sa Unió negó que existiera,
Silencio del secretario: «Estoy fuera»
El secretario, Àngel Custodio Navarro, se ha negado, a preguntas de La Voz de Ibiza, a explicar cuáles habían sido las verdaderas motivaciones para evitar dar información pública a la oposición y por qué mintió en el Pleno al referirse a una investigación del Tribunal de al Transparencia y el Bueno Gobierno cuando en realidad era un requerimiento.
«Estoy fuera del archipiélago. Lo siento».
Ante la insistencia de este medio, añadió sucintamente «esta es la información, se ve que era equivocada. No sé más».
-«¿Cuál información era equivocada?»
-«La que yo dije, presuntamente. No recuerdo más. Estoy de vacaciones y el trabajo en el Consell no acaba nunca. Gracias».
No hay que olvidar que el secretario municipal es, en pocas palabras, el garante de la legalidad, la fe pública y el correcto funcionamiento administrativo de un ayuntamiento.
Su trabajo técnico, neutral y especializado es imprescindible para que la institución local opere de forma transparente, segura y dentro del marco legal. Es una pieza clave dentro del organigrama de una administración local.
