El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de emergencia migratoria en Baleares, una medida excepcional que busca dar respuesta al aumento sostenido de personas migrantes que han llegado al archipiélago a lo largo de 2025. Esta decisión implica una inversión total de 6,75 millones de euros, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
La iniciativa tiene como principal objetivo reforzar la atención humanitaria mediante actuaciones que garanticen el alojamiento, asistencia médica, servicios de traducción e interpretación, y la cobertura de necesidades básicas como alimentación, salubridad y seguridad.
Una respuesta inmediata a una situación en evolución
El Ministerio de Inclusión ha explicado que la declaración responde a una tendencia creciente en la llegada de personas migrantes al archipiélago. En agosto, la Secretaría de Estado de Migraciones ya había dictado una resolución en la que se consideraba “prioritario” que el programa de atención humanitaria pudiera actuar con la máxima inmediatez ante esta nueva realidad.
Desde el primer trimestre de 2025, el Ministerio puso en marcha un sistema de seguimiento diario y pormenorizado de los flujos migratorios hacia Baleares, con el objetivo de anticiparse a posibles colapsos en la capacidad de acogida.
Infraestructuras de emergencia: nuevos dispositivos en marcha
Como parte del plan de acción asociado a la emergencia, ya se están desarrollando las primeras actuaciones en el marco de un plan de infraestructuras específico. Este contempla la creación de dispositivos de acogida transitoria de emergencia, el refuerzo del personal destinado a estas tareas y la provisión de servicios esenciales en las costas baleares.
Espacios modulares en Ibiza, Formentera y Palma
Entre las medidas destacadas, se encuentra la instalación de espacios modulares de acogida temporal en los puertos de Ibiza y Formentera, cuya apertura está prevista de forma inminente. A estos se sumará un tercer centro en el puerto de Palma, actualmente en fase de planificación.
Estas instalaciones estarán dotadas de servicios de seguridad, higiene y climatización y contarán con áreas específicas para mujeres y menores, con el fin de asegurar condiciones de acogida acordes con los estándares humanitarios internacionales.
Un programa con enfoque en derechos humanos
El Programa de Atención Humanitaria impulsado por el Ministerio está dirigido a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales presentan un deterioro físico significativo y carecen de apoyo social, familiar o de recursos económicos. Se trata de una herramienta de emergencia pensada para quienes llegan a las costas españolas o acceden por Ceuta y Melilla.
El propósito principal del programa es garantizar los derechos fundamentales de estas personas y asegurar que sean tratadas con dignidad y respeto en su tránsito por territorio español.
Contexto geopolítico y proyecciones
El Ministerio de Migraciones vincula el aumento de llegadas a la situación geopolítica en el Mediterráneo Occidental, donde confluyen factores de conflicto, desplazamientos forzosos y rutas migratorias en transformación. Esta situación ha llevado al Ejecutivo a diseñar políticas reactivas y preventivas que permitan responder con rapidez ante escenarios de presión migratoria.
La declaración de emergencia en Baleares representa un paso más en esa estrategia, combinando una dotación presupuestaria concreta con actuaciones operativas que ya se están implementando en el terreno.
Una declaración con impacto en múltiples niveles
El anuncio de esta medida ha generado reacciones a nivel político y social, en un contexto de creciente debate público sobre la gestión migratoria en España y Europa. Las organizaciones humanitarias, por su parte, han valorado positivamente la intención de reforzar la atención, aunque subrayan la necesidad de que estas actuaciones estén guiadas por principios de protección internacional y no solo por la lógica de contención.
De momento, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de adaptar los recursos y medidas previstas en función de la evolución de la situación en las islas durante los próximos meses.
