La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Feneval) ha criticado la ley que limita la entrada y circulación de vehículos en Ibiza, asegurando que «pone en peligro la competencia del mercado, a la par que va en contra de la libre circulación de personas y mercancías». Así lo ha denunciado el presidente de la entidad, José Luis Barahona, quien ha alertado sobre las consecuencias económicas y jurídicas que esta medida podría tener para el sector.
«Rompe el mercado único español y europeo»
La Ley 5/2024, de 11 de noviembre, otorga al Consell Insular de Ibiza la potestad de fijar un límite máximo de vehículos que podrán circular en temporada alta. En un desayuno informativo, Barahona ha lamentado que «si este tipo de normativas no se aplican con criterios de equidad y proporcionalidad, nos adentramos en una política económica proteccionista a nivel autonómico que rompe el mercado único español y europeo».
Según ha explicado, la normativa afecta directamente a las empresas de alquiler de vehículos, que han realizado importantes inversiones en modernización y sostenibilidad, apostando por flotas más ecológicas. «La ley no tiene en cuenta las inversiones que muchas compañías han realizado en los últimos años para modernizar su flota, descarbonizando sus vehículos al apostar por una movilidad más sostenible y para adaptarse a las demandas actuales del mercado», ha señalado.
Un beneficio para algunas compañías en detrimento de otras
Barahona ha advertido que la ley favorece a determinadas empresas locales en detrimento de grandes operadoras del sector, al imponer un tope de 16.000 vehículos de alquiler sin conductor para este verano y obligar a las compañías a pagar una cuota en función del número de vehículos que tengan en flota.
Desde Feneval advierten que esto puede crear un mercado desigual, beneficiando a empresas que ya tienen una presencia consolidada en la isla, mientras que aquellas que dependen del alquiler estacional, muchas de ellas con modelos más sostenibles y flotas más jóvenes, podrían verse obligadas a reducir su actividad.
Además, Barahona ha criticado la falta de criterios objetivos en la imposición de la medida. «No se puede legislar tomando únicamente por base estados de ánimo o percepciones sociales. Las políticas puestas en marcha deben basarse en datos objetivos», ha manifestado.
«El rent a car no es el responsable de la saturación»
Desde la patronal del rent a car también han cuestionado la justificación de la ley, asegurando que los coches de alquiler no son los responsables de la saturación de las carreteras en Ibiza. «En Baleares, la flota total de los rent a car no supera el 10 % del total de los vehículos que circulan por Ibiza en un mismo día», ha asegurado Barahona.
Además, ha destacado que los vehículos de alquiler son los menos contaminantes, con una antigüedad media de 2,3 años, frente a los más de 10 años que tienen de media el resto de los coches en circulación.
Crecimiento de la población y del turismo
La patronal también ha resaltado el aumento de la población en Ibiza como un factor clave en la movilidad de la isla. «Si en el año 2004 la población era de 105.264 habitantes, el 2023 cerró con 161.485, lo que supuso una diferencia del 53,3 %», han señalado.
Además, han recordado que la llegada de turistas sigue en aumento. Para esta Semana Santa, España espera recibir más de 2,5 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 11 % respecto al año anterior, con Baleares como uno de los destinos principales.
Otras voces críticas con la restricción de vehículos
La medida del Consell Insular también ha sido criticada por Balearia, la naviera que opera entre la península y las Pitiusas. Desde la compañía han advertido que la restricción de vehículos podría afectar el transporte de mercancías y la conectividad de la isla, ya que «limitar la entrada de coches sin ofrecer alternativas reales perjudica a residentes, turistas y empresas».
Desde el sector empresarial insisten en que se debe buscar un equilibrio entre la sostenibilidad y la actividad económica, sin aplicar restricciones que perjudiquen a determinados actores del mercado en beneficio de otros.
