El Gobierno central ha determinado el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad autónoma deberá acoger en el marco del nuevo plan estatal diseñado para responder a la saturación de los centros de protección de Canarias, Ceuta y Melilla. La medida, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, afectará también a Baleares, que deberá incorporar nuevos menores a su red de atención durante el próximo año.
El anuncio llega tras la suspensión de la Conferencia Sectorial de Infancia, convocada este jueves por el Ministerio, debido a la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con la única excepción de Ceuta. La ministra Sira Rego ha denunciado públicamente el “bloqueo deliberado” del PP y ha calificado su postura de “profundamente irresponsable y racista”.
“No solo se niegan a colaborar, sino que impiden que se aprueben recursos esenciales para territorios que viven una situación crítica”, afirmó Rego tras la fallida reunión.
Cuántos menores migrantes deberá acoger Baleares
En el reparto previsto, Baleares acogerá a 49 menores, lo que convierte al archipiélago en la comunidad con menor carga asignada dentro del plan estatal. Esta cifra forma parte del total estimado por el Ministerio, que contempla el traslado de hasta 3.975 menores desde las islas y ciudades autónomas más tensionadas por la presión migratoria.
La llegada de los menores será escalonada y se desarrollará durante un plazo máximo de doce meses, lo que permitirá a cada territorio planificar su incorporación de forma progresiva. Baleares recibirá además financiación estatal directa para cubrir los primeros tres meses de acogida, así como una compensación adicional por sobreocupación anterior, reconocida por el propio Ministerio.
Cuáles serán las comunidades que más migrantes acogerán
El reparto se ha realizado aplicando los criterios del Real Decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno en junio, que tiene como objetivo garantizar el interés superior del menor en contextos de emergencia humanitaria. Las tres comunidades que recibirán más menores son Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571).
A continuación figuran Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133) y Navarra (118). La que menos acogerá será Baleares, con los mencionados 49 menores.
Por su parte, Cataluña y Euskadi quedan exentas del reparto obligatorio, debido al “esfuerzo previo acumulado” en acogidas anteriores. No obstante, Cataluña ha comunicado su intención de acoger de forma voluntaria al menos 31 menores, replicando su compromiso de campañas anteriores.
Cuándo comenzará el traslado de menores
La ministra Rego ha confirmado que el traslado de los menores comenzará el 28 de agosto, dos días después de que el Consejo de Ministros apruebe, el día 26, el decreto de capacidad ordinaria, que asignará oficialmente a cada comunidad el número de menores a acoger y el presupuesto asociado.
La previsión del Gobierno es que la cifra inicial de 3.975 menores pueda reducirse hasta en 1.200 casos, debido a las solicitudes de asilo ya registradas por parte de los propios menores. El Ministerio ha subrayado que se garantizará un proceso de entrevistas individualizadas para cada caso y que el reglamento técnico que regula estos procedimientos será aprobado también por el Consejo de Ministros el próximo martes.
El enfrentamiento con las comunidades del PP
La tensión institucional ha marcado el desarrollo del nuevo plan de acogida. La ausencia de las comunidades del PP en la conferencia sectorial ha provocado la paralización de 22 millones de euros en ayudas urgentes para los sistemas de primera acogida en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, lo que, según Rego, afectará directamente a la calidad de la atención que reciben los menores.
La ministra ha acusado al Partido Popular de anteponer su estrategia política a una emergencia humanitaria real, y ha advertido que el Gobierno continuará con su plan “amparado por el dictamen favorable del Consejo de Estado”, aunque las comunidades recurran judicialmente las decisiones.
“Las comunidades no pueden erigirse en juez y parte. La ley contempla mecanismos para garantizar que el reparto se cumpla y que los derechos de estos menores no sean vulnerados”, subrayó Rego.
El Ejecutivo trabaja ya en el desarrollo de programas complementarios de transición a la vida adulta, que se pondrán en marcha en colaboración con las comunidades autónomas durante los próximos meses.
