ECONOMÍA

ERE de Telefónica: estas son las siete filiales afectadas por los despidos masivos

La compañía prevé entre 6.000 y 7.000 salidas mientras negocia con los sindicatos un ajuste que marcará el cierre del año y el futuro laboral del grupo.

Marc Murtra Telefónica

Telefónica ha iniciado un nuevo proceso de reestructuración que podría convertirse en uno de los ajustes laborales más relevantes de los últimos años dentro del sector de telecomunicaciones. La compañía ha comunicado a los principales sindicatos su intención de poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) que implicará miles de salidas y que afectará a varias de sus filiales en España.

Aunque el número definitivo de trabajadores que abandonarán la empresa aún no está definido, las estimaciones iniciales proyectan un recorte que oscilaría entre los 6.000 y 7.000 empleados, cifras que podrían variar durante la fase de negociación. Queda por delante un proceso importante para determinar tanto el alcance del ajuste como las condiciones económicas de quienes se vean afectados.

Cuáles son las siete filiales de Telefónica con despidos masivos

Telefónica España

El ERE anunciado por la compañía no se limita a una sola área de actividad, sino que se extenderá a siete sociedades del grupo Telefónica en España. La propuesta trasladada a los sindicatos incluye a Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

Cada una de estas filiales forma parte del núcleo operativo de la empresa en el país, por lo que el ajuste tendrá un impacto transversal en diversas líneas de negocio.

La dirección de Telefónica y los representantes sindicales se reunirán los días 24 y 25 de noviembre para constituir las comisiones negociadoras que definirán el marco del proceso. A partir de ese momento comenzará un periodo de 30 días en el que ambas partes deberán acordar cuántos trabajadores saldrán finalmente y en qué condiciones.

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La empresa pretende cerrar el acuerdo antes de finalizar el año con el objetivo de imputar el coste del ERE en las cuentas de 2025, un ejercicio que estará marcado por el despliegue de su nuevo plan estratégico.

Cuáles son las exigencias sindicales para mitigar el desempleo masivo

Los sindicatos han dejado clara su postura desde el primer momento. Tanto UGT como Comisiones Obreras y Sumados-Fetico consideran imprescindible que el proceso se aborde de manera conjunta en todas las filiales afectadas, rechazan cualquier intento de fragmentar el acuerdo y exigen que, de manera paralela, se abran las mesas de negociación de todos los convenios colectivos.

Su petición principal es que estos convenios tengan vigencia hasta 2030, en coherencia con el plan estratégico Transform & Grow que Telefónica aplicará entre 2026 y ese mismo año.

A su vez, las organizaciones sindicales insisten en que la voluntariedad debe ser el pilar fundamental del ERE. Las centrales también reclaman que las condiciones económicas sean iguales o incluso mejores a las del ERE de 2024, que permitió la salida de 3.421 empleados a través de prejubilaciones y bajas incentivadas.

En aquel proceso, el requisito para acogerse era tener 56 años o más y una antigüedad mínima de 15 años en la compañía, y las compensaciones alcanzaron hasta el 68% del salario según los tramos de edad. Los sindicatos quieren que esas garantías sean el punto de partida del nuevo acuerdo.

Un ERE multimillonario: cuánto le costará a Telefónica

El impacto económico del ERE será significativo. En el ajuste de 2024, Telefónica provisionó alrededor de 1.300 millones de euros para cubrir la salida de 3.421 empleados, lo que equivalía a un promedio de 380.000 euros por trabajador. Si se aplicara un escenario similar con las cifras que se manejan ahora, el nuevo expediente podría superar los 2.000 millones de euros.

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En ese cálculo se incluyen no solo las indemnizaciones, sino también los costes sociales derivados de las bajas. Debido a la llamada “cláusula Telefónica”, vigente desde el ERE masivo de 2011, la compañía debe asumir los gastos asociados al desempleo y a la Seguridad Social hasta la jubilación, en lugar de trasladarlos al Estado.

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