La cuestión de la repatriación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) de origen argelino se ha colocado en el centro del debate migratorio, intensificado tras la reciente reunión entre el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo argelino. Aunque el encuentro fue considerado «fundamental» para abordar la cuestión migratoria y un «punto de esperanza», la capacidad de España para gestionar los retornos se ve limitada por la soberanía del país norteafricano.
La exigencia de Baleares vs. la ley
La polémica se ha centrado en Baleares, donde la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido al Gobierno la repatriación de los más de 300 menores argelinos tutelados en las islas. Argumenta que el lugar donde deben estar estos jóvenes «es en su país de origen y con sus padres».
Esta demanda regional surge a raíz de un caso específico que se abordó durante el viaje de Marlaska a Argelia: la solicitud de repatriación de siete menores argelinos que llegaron solos a las costas de Ibiza a bordo de una embarcación.
Sobre este caso puntual, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha aclarado que la situación está siendo estudiada por la Fiscalía de Menores. El Ministerio Público es quien «tiene la información, la posibilidad, el análisis y las entrevistas y quien cumple y vela por el ordenamiento jurídico y la protección de los menores».
Soberanía del Estado de origen
Calvo ha defendido que la potestad de solicitar o plantear la repatriación de ciudadanos corresponde a Argelia como estado soberano. La funcionaria subrayó que la decisión de «quien quiere la repatriación o no» no depende del Gobierno de España y «menos de una comunidad autónoma», sino del país de origen.
Al ser cuestionada sobre por qué Argelia solicitó la repatriación de estos siete menores y no de otros, Calvo insistió en que esta es una pregunta que debe dirigirse a Argelia, ya que «cada Estado es soberano y utiliza los canales que tiene». Calvo explicó que el funcionamiento de dicho protocolo es recíproco, siendo el mismo si España considerara que la situación de uno de sus ciudadanos requiriera actuar y reclamara a un tercer estado su retorno.
La cooperación bilateral como clave
A pesar de las limitaciones legales y soberanas, la esperanza del Gobierno central reside en la intensificación de la cooperación bilateral. Calvo ha calificado las conversaciones con las autoridades argelinas como «importantísima» y «muy esperanzadora» la posibilidad de que se actualice el protocolo de retornos entre ambos países, algo que fue tratado en la reunión.
Aunque la cooperación policial siempre ha existido, la secretaria de Estado reconoció que «sin duda necesitamos que se intensifique». Calvo afirmó que la predisposición de las autoridades argelinas a colaborar es «una buena noticia» que podría permitir tener resultados esperanzadores en los próximos meses. Se espera que las semanas de trabajo que se inician a partir de ahora muestren resultados visibles «en las próximas semanas o meses».
Este esfuerzo de cooperación es parte de la estrategia del Ministerio del Interior para atajar los flujos migratorios, la cual se basa en tres líneas principales: el combate contundente contra las redes criminales, un control de fronteras que garantice los derechos humanos, y la cooperación policial multilateral y bilateral.
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