El proceso de desalojo del complejo turístico de Punta Arabí, en Ibiza, ha avanzado con intensidad desde la mañana del jueves, cuando una decena de operarios de la empresa D&S Desokupa llegó al recinto para ejecutar la salida de los ocupantes. El gerente de la compañía, Rafael González, ha confirmado que la intervención ha sido complicada y que en los primeros momentos hubo situaciones de tensión, con la presencia de la Guardia Civil en dos ocasiones para garantizar la seguridad del operativo.
Según González, la respuesta inicial de los okupas fue agresiva, con algunos de ellos reaccionando con hostilidad. Entre los ocupantes, destaca la figura de una mujer a quien identificó como la cabecilla del grupo y quien se mostró inicialmente reacia a negociar. No obstante, tras la llegada de las autoridades y un largo proceso de diálogo, se logró un acuerdo de salida con la mayoría de los moradores.
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Una negociación basada en la persuasión y el pago de compensaciones
El responsable de D&S Desokupa ha detallado que, en un primer intento, se ofrecieron 500 euros a cada persona que aceptara marcharse voluntariamente. Sin embargo, ante la negativa de los ocupantes, la cantidad fue elevada a 1.000 euros, cifra que permitió acelerar las salidas.
«Fue un día de mucha psicología y negociación, gastando saliva, presencia y paciencia. Hubo momentos de mucha resistencia, pero al final logramos acuerdos», ha señalado González.
Durante la primera jornada, 25 personas abandonaron el recinto, y se espera que en las próximas horas el 80 % de los okupas haya salido. El proceso de desalojo podría completarse este viernes, a la espera de que los últimos residentes accedan a firmar su salida.
Los últimos moradores y los plazos de salida
A pesar del avance del operativo, aún queda un grupo reducido de ocupantes en el complejo. Según González, quedan ocho personas, entre ellas dos familias con un niño menor, que en el pasado fueron trabajadores de la propiedad. En este caso, se ha alcanzado un acuerdo especial que les permitirá permanecer hasta encontrar una alternativa de vivienda, ya que han manifestado su intención de abandonar la isla.
Además, la empresa de desokupación ha intervenido en una zona colindante, donde había un camping y un aparcamiento también ocupados. En este caso, se ha establecido un plazo de 60 días para que los residentes desalojen el área.
«Siempre intentamos ser razonables con las situaciones personales. Hay personas que necesitan tiempo para organizarse y lo estamos facilitando», ha afirmado González.
Un operativo difícil y marcado por la presión
El gerente de D&S Desokupa ha reconocido que este ha sido uno de los desalojos más duros que ha dirigido, debido a la resistencia inicial de los okupas y a la complejidad de la negociación.
«He desocupado muchos edificios, pero como este, ninguno. Ha sido un día muy duro, con mucha presión. Hemos tenido que llamar a la Guardia Civil dos veces, pero al final hemos conseguido que las cosas salgan bien», ha explicado.
González ha insistido en que el objetivo de su equipo es ayudar a los propietarios a recuperar sus inmuebles y ha defendido que su labor es fundamental en una isla donde la okupación se ha convertido en un problema creciente.
«Soy la esperanza de los propietarios. Nuestra misión es devolverles la tranquilidad y que puedan recuperar lo que es suyo», ha concluido.