Un acuerdo alcanzado en Ibiza podría marcar un precedente para propietarios sancionados por alquiler turístico sin licencia. Un despacho de abogados ha logrado reducir una multa de 275.000 euros a 33.000 euros, una rebaja cercana al 90%, tras negociar con la administración la aplicación de las máximas reducciones previstas en la normativa balear.
El caso afecta a una vivienda situada en Sant Antoni, que había sido sancionada por el Consell de Ibiza al haber sido alquilada a través de plataformas como Airbnb sin contar con la licencia turística correspondiente.
El abogado Víctor Soriano del despacho Soriano i Piqueras, que logró el acuerdo, señaló en diálogo con La Voz de Ibiza que el caso podría abrir una vía para otros propietarios que se encuentren en una situación similar. “Creo que este caso va a permitir que muchas personas en una situación similar puedan acogerse a reducciones muy importantes en sanciones turísticas”, señala el letrado.
Según detalla Soriano, el propietario acudió al despacho tras recibir la sanción en el último trimestre de 2025 con el objetivo de estudiar las posibles vías para recurrirla o reducir su impacto.
“Al cliente se le había impuesto una sanción de 275.000 euros por realizar actividad turística sin licencia, es decir, por alquilar una vivienda a través de plataformas sin contar con el permiso correspondiente”, explica.
De esta manera, el acuerdo no solo reduce de forma drástica la sanción, sino que también permite que la vivienda vuelva al mercado residencial a través de un programa público de alquiler con precio limitado y garantías de cobro para el propietario, en un contexto marcado por la crisis de vivienda en la isla.
Aplicar por primera vez las máximas reducciones
La estrategia consistió en aplicar las reducciones máximas previstas en la normativa balear para este tipo de sanciones.
Por un lado, se aplicó una reducción del 80% de la sanción a cambio de que la vivienda se incorpore durante cinco años al programa público ‘Lloguer Segur’ del Govern balear, destinado a ampliar la oferta de alquiler residencial.
Esta posibilidad existe en la legislación autonómica, pero hasta ahora no se había aplicado en Ibiza.
Además, se añadió una reducción adicional del 40% por pronto pago y por renunciar a presentar recursos en vía administrativa, una medida contemplada en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Tras la negociación con el Consell, la administración aceptó aplicar el máximo porcentaje permitido por la normativa, lo que permitió rebajar la sanción hasta los 33.000 euros.
Evitar un proceso judicial largo
Soriano explica que optar por los tribunales habría supuesto un procedimiento largo y con mucha incertidumbre.
“Recurrir estas sanciones implica procesos que pueden durar años y, además, para poder recurrir es necesario pagar la sanción o garantizarla previamente”, señala Soriano.
En este caso, la multa inicial de 275.000 euros suponía un importe extremadamente elevado para el propietario.
“Es una sanción muy alta, incluso superior al valor de muchas viviendas. Una reducción de cerca del 90% permite afrontarla sin un perjuicio patrimonial tan grave”, apunta.
Una vivienda que entra en el mercado residencial
Como parte del acuerdo, la vivienda pasará a formar parte del programa ‘Lloguer Segur’, mediante el cual se destinará al alquiler residencial durante al menos cinco años.
Este sistema establece precios limitados por el Govern balear y garantiza al propietario el cobro del alquiler, incluso en caso de impago.
De esta forma, la vivienda vuelve al mercado residencial en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda en Ibiza.
Además, el propietario mantiene una renta por el alquiler con la tranquilidad de que el pago está respaldado por la administración.
Un precedente que puede cambiar otros expedientes
Para Soriano, el caso demuestra que muchos expedientes sancionadores pueden resolverse sin necesidad de acudir a los tribunales si se conocen bien las herramientas que ofrece la ley.
“Muchos expedientes sancionadores pueden resolverse eficazmente en la fase administrativa si se exploran todas las vías legales disponibles”, concluye el letrado.
El acuerdo, además, abre la puerta a que otros propietarios sancionados por alquiler turístico sin licencia en Ibiza o en el resto de Baleares puedan acogerse a mecanismos similares de reducción, siempre que cumplan con las condiciones previstas en la normativa.
