Pilar Bonet, exconsellera de Hacienda del Consell de Mallorca y figura destacada del Partido Popular insular, ha admitido su implicación en un presunto desfalco de más de dos millones de euros durante su paso por una empresa privada del sector aeroportuario. Los hechos, que ya estaban bajo investigación por el grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, motivaron su dimisión en febrero de 2024, cuando aún no habían trascendido oficialmente las acusaciones.
Bonet trabajó durante más de 20 años en una empresa de handling vinculada a una aerolínea, y fue allí donde, según las pesquisas judiciales, habría realizado movimientos financieros irregulares, incluidos pagos duplicados y gastos no justificados, algunos de ellos vinculados a adquisiciones personales y regalos.
Aunque en su renuncia alegó inicialmente “motivos personales”, apenas 24 horas después se filtraron las primeras informaciones que apuntaban a una investigación en marcha por desvío de fondos. Desde ese momento, el caso se convirtió en un foco de tensión interna para el PP balear, especialmente por el impacto que tuvo en un Consell insular gobernado por populares y Vox.
Del silencio político a la investigación judicial
A pesar de los intentos por aislar los hechos a su etapa privada, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ordenó una auditoría interna sobre los contratos y facturas firmados por Bonet como consellera. Aunque insistió en que no había indicios de irregularidades en su gestión pública, el gesto buscaba contener la presión de la oposición y del entorno mediático.
Desde el PSIB, el conseller socialista Javier de Juan ironizaba en redes sociales: “No es lo que han robado, que también, es lo que siguen robando y cómo les siguen votando… presuntamente”. El diputado Carles Bona fue más directo: “La facilidad de los cargos del PP para acabar ante un juez es alarmante. Están batiendo récords de denigrar las instituciones”.
El caso Bonet se sumaba a una serie de escándalos dentro del PP balear, que incluía ceses por incompatibilidades legales y gestiones empresariales paralelas de altos cargos, en una legislatura que había comenzado con la promesa de cerrar la Oficina Anticorrupción de Balears, tal como se acordó en el pacto entre PP y Vox.
Una explicación inesperada: la adicción como atenuante
La sorpresa llegó semanas después, cuando Bonet prestó declaración voluntaria ante el juez instructor y admitió los hechos, pero con una explicación que nadie en el ámbito político había anticipado: sufre un trastorno de adicción a las compras compulsivas, por el que actualmente está siendo tratada en Projecte Home.
En su comparecencia, la exconsellera relató que durante años realizaba compras impulsivas con cargo a la empresa, y que incluso regalaba objetos a compañeros y personas cercanas sin control. “Nunca compré nada para mí”, habría afirmado, según fuentes cercanas al procedimiento. También aseguró que su entorno se aprovechaba de esa conducta, animándola a continuar.
Su defensa sostiene que este reconocimiento forma parte de un proceso terapéutico en curso, y que su disposición a colaborar con la Justicia podría ser tenida en cuenta como atenuante en una futura sentencia. No se descarta un posible acuerdo de conformidad, aunque la magnitud de los fondos desviados y el tiempo durante el cual se habrían producido podrían dificultar esa vía si no se plantean devoluciones o compensaciones.
Un precedente que recuerda otros casos
El intento de Bonet de vincular su conducta a un trastorno compulsivo tiene paralelismos con otros casos judiciales en Baleares, como el de Damià Vidal, exgerente de la empresa pública Bitel, quien fue condenado por malversar fondos públicos y argumentó en su defensa un trastorno bipolar con rasgos narcisistas. Aunque en su momento el tribunal desestimó su alegato clínico como eximente principal, sí fue tenido en cuenta como parte del contexto personal.
En el entorno judicial, se reconoce que la estrategia de alegar un trastorno psicológico o psiquiátrico en delitos económicos es cada vez más frecuente, aunque su efectividad depende del grado de documentación clínica y la relación directa entre el trastorno y los actos cometidos.
Una etapa política cerrada, un proceso judicial abierto
Aunque Pilar Bonet ya no ocupa cargos públicos, su caso sigue generando impacto político y mediático. Su trayectoria pública —que incluyó la Concejalía de Hacienda en Llucmajor y la Conselleria insular de Hacienda— queda marcada por un proceso judicial que, de prosperar, podría derivar en condena penal.
De momento, Bonet ha reconocido su responsabilidad, ha aceptado su adicción como causa y ha iniciado un camino de tratamiento personal y colaboración con la Justicia. Pero el juicio aún no ha comenzado. Y con él, tampoco ha terminado el capítulo más delicado para el PP balear en esta legislatura.
