El Govern de las Islas Baleares ha impuesto una sanción de 2,4 millones de euros al promotor de Can Rova, en Santa Eulària, tras detectar 80 infracciones muy graves relacionadas con construcciones extremadamente precarias.
Así lo informó este martes el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante su intervención en el Parlament.
Las infraviviendas del asentamiento, que albergaron durante meses a varias familias en condiciones indignas, son el motivo principal de la sanción. El Govern ha subrayado que la medida forma parte de su estrategia para combatir la precariedad habitacional y garantizar condiciones de vivienda dignas.
Según Mateo, la sanción al promotor se encuentra en proceso de notificación y es parte de un plan más amplio para mejorar la situación habitacional en la isla.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Eulària también impuso al promotor una multa adicional de 905.137,61 euros por violaciones a la Ley de Urbanismo, subrayando que este tipo de actuaciones no quedarán impunes.
Reclaman el destino de la multa a las familias desalojadas
Tras conocerse la sanción millonaria, Guadalupe Nauda, representante de Unidas Podemos, solicitó que los 2,4 millones de euros se destinen a las familias que residían en Can Rova y fueron desalojadas.
Nauda criticó lo que considera un abandono institucional hacia estas personas y defendió que merecen un resarcimiento económico que les permita superar su situación de vulnerabilidad.
“Estas familias han pagado durante meses un alquiler en condiciones lamentables y ahora se encuentran en una situación precaria. Es justo que el dinero de la sanción se reinvierta en ellas para ayudarlas a salir adelante”, subrayó Nauda.