La noche del 15 de septiembre de 2020, en pleno estado de restricciones por la pandemia, el entonces ministro de Transportes y número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, organizó una fiesta privada en el Parador Nacional de Teruel que ha terminado convertida en un escándalo político de primer orden.
Según han revelado varios medios, la celebración incluyó la presencia de prostitutas trasladadas desde Valencia en una furgoneta, al no gustar las disponibles en la zona, y acabó con una suite destrozada y numerosas preguntas sin responder.
“Mejor no preguntes”: el silencio de los trabajadores del Parador
El personal del Parador fue testigo del resultado de la fiesta, que dejó daños visibles y un ambiente de desconcierto. “Es mejor que no preguntes”, habría dicho una trabajadora a los encargados, según testimonios recogidos por Okdiario. La limpieza del espacio reveló restos que apuntaban a un uso desmedido de las instalaciones.
Furgoneta desde Valencia y fiesta fuera de agenda
La visita a Teruel tenía como objetivo oficial supervisar obras ferroviarias. Sin embargo, según las informaciones publicadas, la noche fue reservada para una juerga en la que las trabajadoras sexuales fueron trasladadas específicamente desde Valencia por orden del círculo de Ábalos, entre ellos su entonces mano derecha, Koldo García, y su hermano.
Pilar Alegría y Óscar López, en el foco
La actual ministra de Educación, Pilar Alegría, que entonces era delegada del Gobierno en Aragón, ha admitido que durmió esa noche en el mismo Parador, aunque afirma no saber nada de la fiesta. También ha quedado salpicado Óscar López, actual ministro de Transformación Digital y entonces presidente de Paradores, quien ha negado conocer los hechos.
El Partido Popular exige al PSOE que dé explicaciones inmediatas y no descarte una comisión de investigación parlamentaria.
Más allá del caso Koldo
Este nuevo capítulo no solo suma presión a Ábalos, recientemente vinculado al caso Koldo por contratos irregulares durante la pandemia, sino que pone el foco en el uso de recursos públicos y la impunidad con la que presuntamente actuaron altos cargos del Gobierno durante un periodo en el que el resto de ciudadanos tenía limitaciones incluso para visitar a sus familias.
