El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia reconoce que los expedientes sancionadores por fiestas ilegales tardan casi dos años en resolverse, desde que se detecta la infracción hasta que la sanción es firme. El propio consistorio ha hecho pública esa preocupación al ratificar, a través de la Junta de Gobierno Local, cinco sanciones por un total de 700.000 euros contra fiestas ilegales celebradas en viviendas y una finca rústica del municipio, según una nota de prensa municipal.
Pruebas sólidas desde el primer momento
La demora afecta a procedimientos que ya cuentan con pruebas sólidas desde el inicio. Las investigaciones de los detectives privados contratados por el Consell de Ibiza, sumadas al trabajo de la Policía Local de Sant Josep y a la instrucción de los servicios técnicos y jurídicos municipales, permitieron reunir evidencias suficientes para sancionar estas fiestas clandestinas. Aun así, las resoluciones no han adquirido firmeza hasta casi dos años después de los hechos.
«Es frustrante», reconoce el alcalde
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, calificó de frustrante esta lentitud. «Es frustrante comprobar cómo la burocracia administrativa alarga durante casi dos años procesos que deberían resolverse con mucha más celeridad para proteger de manera efectiva a nuestros vecinos y nuestro entorno», señaló, según recoge la nota de prensa del Ayuntamiento.
Roig defendió además el trabajo de los funcionarios municipales y de los agentes de la Policía Local, así como la alianza con el Consell de Ibiza para combatir estas fiestas. «Las viviendas no son discotecas ni recintos de fiestas», afirmó el regidor, quien puso en valor los atestados policiales y las pesquisas de los detectives para armar expedientes jurídicamente sólidos.
Así se reparten los 700.000 euros
Los cinco expedientes ratificados reparten los 700.000 euros en varios tramos. Dos corresponden a la reincidencia en una vivienda residencial, con una sanción de 100.000 euros tras desestimarse los recursos presentados. Un tercero afecta a un inmueble en régimen mercantil, sancionado con otros 100.000 euros por albergar eventos con ánimo de lucro sin autorización.
La multa más alta, de 300.000 euros —el grado máximo que permite la ley—, corresponde a la comercialización ilegal de entradas y consumiciones en una finca rústica. El quinto expediente impone 200.000 euros a los arrendatarios de una vivienda por un evento con venta de bebidas y graves molestias acústicas.
Piden agilizar la ley para disuadir
Ante la gravedad de estas conductas, el Ayuntamiento considera indispensable agilizar los marcos legales y procedimentales para que la respuesta sancionadora sea inmediata y ejerza un verdadero efecto disuasorio frente a las fiestas ilegales. El consistorio reitera su compromiso de perseguir con la máxima firmeza cualquier actividad clandestina y de agotar todas las vías legales para cobrar las sanciones, aunque insiste en que los plazos actuales juegan en su contra.
