El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este lunes un cambio normativo que promete acabar con el infierno de las llamadas comerciales no deseadas.
A partir de la aprobación de esta reforma, las compañías telefónicas estarán obligadas a bloquear las llamadas comerciales que no cuenten con el consentimiento del usuario, un alivio para miles de consumidores que sufren diariamente esta práctica intrusiva.
El anuncio lo ha realizado el ministro Pablo Bustinduy en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, donde ha detallado las medidas que se incluirán como enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC).
Identificación obligatoria y bloqueo automático
A partir de la entrada en vigor de la reforma:
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Todas las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico.
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Las operadoras bloquearán automáticamente las llamadas de empresas que no utilicen este código, impidiendo que lleguen al consumidor.
Este sistema permitirá a los usuarios identificar claramente las llamadas comerciales y evitará que empresas inescrupulosas se salten las listas Robinson o contacten a clientes sin su permiso.
Contratos nulos y consentimiento renovable
Otra de las medidas estrella será declarar nulos de pleno derecho todos los contratos suscritos mediante llamadas no consentidas. Además, las empresas estarán obligadas a:
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Renovar el consentimiento de los usuarios cada dos años para mantener activa la posibilidad de recibir llamadas comerciales.
Esta renovación periódica busca impedir que las empresas se amparen en autorizaciones antiguas o ambiguas para seguir realizando campañas telefónicas agresivas.
Más protección al consumidor: suscripciones, reseñas y precios transparentes
Las nuevas enmiendas a la Ley SAC también abordan otras prácticas comerciales abusivas:
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Suscripciones: Las renovaciones automáticas deberán notificarse con 15 días de antelación y se facilitará la baja de forma sencilla.
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Reseñas falsas: Solo se podrán publicar valoraciones en los 30 días posteriores a la compra o servicio, para garantizar su autenticidad.
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Precios transparentes: Todos los costes, incluidos los gastos de gestión, deberán incluirse desde el principio en el precio final anunciado, evitando sorpresas en el proceso de compra.
“Con estas medidas, damos un paso importante en la defensa de los derechos de las personas consumidoras, combatiendo prácticas abusivas que han sido fuente de frustración durante años”, ha señalado Bustinduy.
