La Abogacía del Estado ha presentado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado solicitando que se archive la pieza separada de la causa que investiga a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, en el marco del caso que involucra a Begoña Gómez.
La petición responde al argumento de que Martín Aguirre no habría participado en el borrador o nombramiento de la asesora implicada, y que sus cargos relevantes posteriores habrían sido asumidos años después de los hechos que se investigan.
Este movimiento legal se suma a la estrategia de defensa compartida con la Fiscalía y la propia defensa de Gómez y de la asesora Cristina Álvarez, quienes también solicitaron archivo al considerar que los hechos no constituyen delito.
Alegato de defensa: “no participé en el nombramiento”
En el escrito de la Abogacía del Estado, se sostiene que Martín Aguirre “no intervino de ningún modo” en la contratación de Cristina Álvarez en 2018. La defensa apunta que la propuesta para dicho puesto fue realizada por el vicesecretario general de la Presidencia y ratificada por el subsecretario correspondiente.
Además, la Abogacía resalta que Martín Aguirre fue nombrado Secretario General de la Presidencia en julio de 2021, tres años después de los hechos presuntamente investigados, lo que, según su versión, lo eximía de responsabilidad por aquellas decisiones.
Implicaciones políticas y críticas
El pedido de archivo para Martín Aguirre ha generado reacciones políticas inmediatas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó que los poderes del Estado parezcan “protegerse entre ellos”, en referencia al apoyo legal institucional que se brinda al delegado.
En el plano institucional, es importante recordar que la Abogacía del Estado ya asumió la defensa formal de Martín Aguirre como investigado, lo que significa que su representación legal oficial está a cargo de los servicios jurídicos del Estado.
