El Consell Insular de Formentera ha confirmado que asumirá la multa de 500.000 euros impuesta por el Govern balear debido a la gestión irregular de residuos en el vertedero clausurado de Es Cap, donde se acumulaban de forma no autorizada escombros y materiales de demolición.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, quien ha señalado que se trata de un acto de responsabilidad ante unos hechos que califica de “constatados”.
La sanción está dividida en dos partes: 300.000 euros por verter residuos de construcción y demolición (RCDs) en un espacio ya cerrado y otros 200.000 euros por el incumplimiento de las medidas de control ambiental que exige la normativa tras la clausura de este tipo de instalaciones. Sin embargo, el Consell espera reducir el importe total a 300.000 euros por colaboración y aceptación de los hechos.
“Asumimos las consecuencias de una gestión deficitaria heredada de anteriores gobiernos”, afirmó Castelló, subrayando que no se interpondrán alegaciones ni recursos tras la consulta con los servicios técnicos y jurídicos.
Un problema estructural: más de 240.000 metros cúbicos de residuos acumulados
El expediente sancionador destaca que se han generado más de 240.000 metros cúbicos de residuos sin control, lo que ha obligado a actuar con urgencia. La consellera ha explicado que este volumen de ruinas “impide ignorar el problema y exige una solución inmediata y estructural”.
Entre las primeras medidas adoptadas, el Consell ha habilitado un espacio para el depósito temporal de residuos, mientras tramita una instalación no permanente para gestionar los vertidos de forma controlada y bajo vigilancia, que se espera esté operativa tras el verano. Esta infraestructura será licitada próximamente, y ya se trabaja en los pliegos del contrato.
Nuevo modelo de gestión y horizonte de licitación tras el verano
Castelló ha recalcado que este escenario debe marcar un punto de inflexión. “Esta situación enquistada debe servir para consolidar un nuevo modelo de gestión de residuos en la isla, un modelo más respetuoso con el territorio y más eficiente”, ha manifestado.
Desde el Consell también se trabaja para acelerar los plazos administrativos y reducir al máximo el impacto ambiental de esta situación. La futura instalación será clave para evitar nuevas sanciones y mejorar la trazabilidad de los residuos, especialmente los procedentes de obras y demoliciones.
Herencia de desidia: 40 metros de escombros ignorados desde 2014
Desde la clausura del vertedero en 2014, el antiguo depósito se transformó en una montaña de residuos de obra de más de 40 metros, sin control ni orden, pese a ser visible incluso en Google Earth. En 2018, un estudio encargado por el Consell ya advertía que se habían acumulado más de 100.000 m³ de escombros, pero no se actuó con decisión. A día de hoy, el volumen ronda los 240.000 m³, lo que evidencia años de inacción por parte de la administración.
En esa línea, el expresidente y actual diputado Llorenç Córdoba (Sa Unió) ha denunciado que, durante su mandato, cuando Castelló estuvo al frente de Medio Ambiente, no se avanzó en las soluciones prometidas. “Le dije que era un tema prioritario… me decían que estaba a punto de licitarse la planta, pero no pasó de ahí”, señaló Córdoba.
Además, ha advertido que, incluso si se construyera la planta de tratamiento, podrían pasar años o una década en gestionar todo el vertido acumulado.
