El Consell de Formentera impugnará el nuevo pliego de condiciones para la gestión de los amarres del puerto de la Savina, tras ser aprobado en el pleno ordinario del jueves con los votos de la oposición: Gent per Formentera (GxF), el PSOE y el conseller no adscrito Llorenç Córdoba. La propuesta fue rechazada por los ocho representantes del equipo de gobierno (Sa Unió).
El documento impugnado fue aprobado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) el pasado 6 de mayo, tras un proceso de elaboración en el que también participó el Consell. La principal crítica del grupo progresista es que se prevé tener una única marina, lo cual, ha advertido la oposición, puede llevar en la práctica a un monopolio.
Para el presidente del Consell, Óscar Portas, se trata del «mejor pliego de los últimos años».
Un pliego con mejoras urbanísticas y tarifas sociales
El pliego objeto de impugnación incluye una reducción del periodo de concesión de 25 a 16 años, gracias a un menor nivel de exigencia en la inversión inicial. Se suprime uno de los dos parkings subterráneos previstos y se elimina una parte importante del volumen edificable contemplado en la versión anterior, que dependía de un plan especial con tramitación ambiental caducada.
Solo se mantiene un aparcamiento con 90 plazas, más ajustado a la demanda real. En cuanto a los amarres, el licitador deberá garantizar al menos 185 puestos, con una reserva de 20 plazas en temporada alta para embarcaciones recreativas sin ánimo de lucro.
Criterios económicos y sociales en la puntuación
Uno de los elementos mejor valorados por la APB ha sido la incorporación de tarifas sociales. Los proyectos que presentaran precios más asequibles para embarcaciones pequeñas, comercios del puerto o residentes locales recibirían mayor puntuación. Lo mismo aplicaba a las propuestas con bonos de aparcamiento más baratos para vecinos, frente al actual sistema de tickets.
Desde la APB defienden que el nuevo pliego responde a un “modelo más sostenible, adaptado al entorno y fruto del consenso institucional”, pero la oposición del Consell insular no lo ve suficiente y ha decidido acudir a la vía administrativa para revertir su aplicación.
