El Consell Insular de Formentera ha confirmado este jueves que el incidente de ciberseguridad detectado el pasado 19 de enero continúa bajo investigación, motivo por el cual no puede facilitar más detalles de los ya comunicados públicamente.
Tras la notificación inicial sobre el acceso no autorizado a los sistemas de información corporativos, la institución ha señalado consultado por La Voz de Ibiza que “hay mucha información que aún no tenemos porque está bajo investigación, con lo cual no podemos decir más de lo que ya hemos explicado”.
Desde el Consell subrayan que están actuando conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), los marcos normativos que regulan la gestión de brechas de seguridad en las administraciones públicas.
Notificación a la AEPD y refuerzo de sistemas
El incidente fue puesto en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), tal como exige la normativa cuando puede existir riesgo para los derechos de los afectados.
Asimismo, el Consell activó los protocolos de respuesta previstos en el ENS, procediendo a la corrección de la vulnerabilidad detectada, al saneamiento de los sistemas afectados y al refuerzo del perímetro de seguridad.
Hasta el momento, la institución ha reconocido la posibilidad de que datos identificativos vinculados a trámites administrativos pudieran haberse visto comprometidos, aunque no ha concretado el alcance exacto ni el número de posibles afectados.
Investigación en curso
La administración insular insiste en que la investigación sigue abierta y que cualquier información adicional dependerá del avance de las diligencias técnicas y policiales.
Mientras tanto, mantiene habilitado el canal de contacto con el delegado de protección de datos para atender consultas ciudadanas y reitera su compromiso con la seguridad de la información, la protección de los datos personales y la transparencia institucional.
El caso se produce en un contexto de creciente preocupación por los ciberataques a administraciones públicas, que en los últimos años han obligado a reforzar los sistemas de protección digital en distintas instituciones del país.
