El conseller insular y diputado autonómico por Formentera, Llorenç Córdoba Marí, ha presentado este jueves en el Pleno del Consell Insular una proposición de urgencia destinada a abordar la crisis migratoria que atraviesa la isla.
Entre la batería de diez medidas urgentes para afrontar la situación, destacan el reconocimiento del carácter excepcional de la isla, la creación de fondos específicos por parte del Govern, el Estado y la Unión Europea, la aplicación inmediata del mecanismo de redistribución de menas, una negociación firme con Argelia, la implicación directa de Frontex en la vigilancia marítima y el refuerzo de recursos esenciales como Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Policía Nacional, además de la devolución de la competencia de menores al Govern balear para garantizar una atención digna y sostenible.
La presión migratoria en Formentera
Según los datos oficiales, Formentera soporta actualmente la mayor presión migratoria por habitante de España y, previsiblemente, también de Europa.
En lo que va de 2025, más de mil personas han alcanzado las costas de Formentera en patera, una parte significativa de ellas menores no acompañados. Con una población de apenas 11.500 residentes y una aportación anual del Govern balear de 11 millones de euros, el Consell asume en solitario una responsabilidad que, en otros territorios, recae en administraciones autonómicas dotadas de recursos mucho más amplios, según ha apuntado en su presentación Córdoba Marí.
En la actualidad, la institución tutela alrededor de 150 menores migrantes, lo que se traduce en 129,8 por cada 10.000 habitantes, la cifra más alta de todo el Estado. Para establecer la comparación, Ceuta registra 63,2; Canarias, 24,6; y Melilla, 22,2. Asimismo, el coste económico para Formentera asciende a más de 1.160 euros por habitante y año, frente a los 40 euros de media en Mallorca o Ibiza.
Durante su intervención, Córdoba advirtió que esta presión «aumenta año tras año de manera exponencial» y que las cifras actuales ya han superado con creces las de ejercicios anteriores. A esta situación se suma, denunció, la ausencia de infraestructuras esenciales en la isla, como juzgados, Policía Nacional, Salvamento Marítimo con base fija o instalaciones adecuadas para la acogida, lo que dificulta el cumplimiento de los estándares legales y humanitarios.
Diez medidas presentadas en la proposición
La propuesta presentada contempla diez líneas de actuación prioritarias para hacer frente a la situación:
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Reconocimiento del carácter singular y excepcional de Formentera en el ámbito autonómico, estatal y europeo.
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Creación de fondos anuales específicos que cubran íntegramente la atención a menores migrantes, incluyendo traslados y recursos humanos.
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Aplicación inmediata del mecanismo de redistribución solidaria de menores previsto en la normativa estatal.
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Negociación firme y urgente con Argelia para frenar las salidas irregulares y garantizar retornos efectivos.
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Implicación directa de la Unión Europea y Frontex en la vigilancia de la frontera marítima en las Pitiusas.
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Participación del Consell de Formentera en los órganos estatales y europeos de decisión en materia migratoria.
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Refuerzo de los recursos materiales y humanos, incluyendo unidad marítima de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja, radar SIVE, Policía Nacional y personal judicial.
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Creación de un protocolo para la retirada inmediata de pateras en las costas de la isla.
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Coordinación entre instituciones y el sector social y turístico para minimizar el impacto sobre los servicios, la convivencia y la seguridad.
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Ejecución del acuerdo plenario ya aprobado para la devolución de la competencia de menores al Govern balear.
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