El Ministerio de Función Pública se reunirá este miércoles a las 18.00 horas con CCOO, UGT y CSIF para tratar de cerrar un acuerdo salarial que incluye una subida del 11 % para los funcionarios entre 2025 y 2028. Se trata de un pacto que el Gobierno quiere dejar listo esta misma semana y que, por ahora, solo respalda UGT, según recuerdan fuentes sindicales. El encuentro se produce después de que la negociación del lunes, de más de cinco horas, concluyera sin consenso, como avanzó La Voz de Ibiza.
El principal bloqueo: el límite del 4 % en 2025 y 2026
CCOO sostiene que el tope del 4 % previsto para 2025 —con efectos retroactivos desde enero— y para 2026 es “insuficiente” y que ese es el obstáculo central para un acuerdo. En su comunicado, el sindicato ha advertido de que existe “margen para lograr un punto de encuentro”, aunque mantiene sobre la mesa la posibilidad de movilizaciones si el Gobierno mantiene su planteamiento.
Por su parte, CSIF comparte la preocupación sobre los dos primeros años del ciclo salarial y alerta de que, si el Ejecutivo no modifica el techo del 4 %, “tendremos que volver a las calles”. El sindicato consultará el contenido negociado con sus órganos internos, pero sostiene que el texto presentado por Función Pública es “mejorable en muchos aspectos”.
Compromiso del Gobierno: un 2,5 % en la nómina de diciembre
La propuesta del Ministerio incluye una subida total del 11 %, un punto más que su oferta inicial, además de un Real Decreto-Ley que permitiría abonar en diciembre un 2,5 % correspondiente a 2025, con efectos desde el 1 de enero.
Función Pública plantea que la subida sea íntegramente fija, sin los tramos variables del acuerdo anterior, lo que podría elevar el alza real al 11,45 % debido al deslizamiento de las tablas, según apuntan fuentes negociadoras.
Intentos de reequilibrio entre 2026 y 2027
Durante la reunión del lunes, UGT propuso trasladar medio punto de la subida de 2027 a 2026 para reforzar el incremento del próximo año, pasando del 5 % al 4,5 % en 2027 y elevando el ejercicio previo. El Gobierno rechazó esta posibilidad al entender que comprometería el marco pactado de cuatro años. UGT es, por ahora, la única organización que avala el texto, aunque admite que “quedan flecos por cerrar”.
Impacto sobre empleados públicos en Baleares e Ibiza
La revisión salarial afectaría a todas las administraciones —Estado, comunidades y ayuntamientos—, incluidos los empleados públicos en Ibiza y Formentera, que además mantienen reivindicaciones propias como la actualización del plus de insularidad, un reclamo avalado en la reunion del lunes.
CSIF destaca que el Ministerio ha aceptado medidas históricas, como eliminar la tasa de reposición, mejorar la promoción interna, actualizar las cuantías por insularidad y razón de servicio tras dos décadas congeladas y reforzar la asistencia sanitaria de Muface.
La inflación, el argumento del Ejecutivo
El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha defendido que “la subida se ha planteado teniendo en cuenta la evolución de la inflación”, con el objetivo de evitar pérdida de poder adquisitivo. Según López, “el Gobierno siempre ha practicado el diálogo social”, aunque la negociación avanza con marcadas diferencias.
El último pacto salarial, vigente entre 2022 y 2024, permitió elevar los sueldos alrededor de un 10 %, combinando tramos fijos y variables, con un coste cercano a 13.000 millones.
