La jornada en el aeropuerto de Ibiza terminó con una nueva estampa ya habitual en este verano: la grúa del Consell de Ibiza retirando vehículos que ejercían transporte ilegal. Este jueves, los inspectores inmovilizaron tres coches que operaban sin autorización, un operativo que se saldó con su traslado al depósito y la imposición de multas de hasta 15.000 euros para poder recuperarlos.
El director insular de Transporte, Roberto Algaba, dio cuenta de la actuación en sus redes sociales, donde destacó el “gran trabajo” de los inspectores y advirtió de que el Consell mantendrá el ritmo de intervenciones mientras persista la temporada alta.
“Se ha acabado la impunidad”, ha repetido en varias ocasionese esta temporada el responsable de Transporte, que ha convertido sus publicaciones en un escaparate de las acciones contra el intrusismo.
Gran trabajo hoy de los inspectores del @Consell_Eivissa que han retirado tres vehículos que hacían transporte ilegal en el aeropuerto.
Inmovilización para los tres y 15000 euros si quieren retirar el vehículo. pic.twitter.com/Hr0x4UAM03
— Roberto Algaba (@RoberAlgaba) September 4, 2025
Lucha contra el transporte ilegal
No se trata de un hecho aislado. A lo largo de los últimos meses, el Consell ha intensificado los controles con presencia diaria en el aeropuerto y operativos sorpresa en distintos puntos de la isla. En sus comunicados, ha mostrado decenas de vehículos sancionados, grúas cargando coches de infractores y un depósito que se ha convertido en símbolo de la ofensiva contra el transporte pirata.
Sin ir más lejos, el miércoles el Consell había informado de un gran operativo en conjunto con la Policía Local de Ibiza, en la cual se habían impueto 15 sanciones, tres de ellas a taxi piratas. En este último grupo se incluía la detención de «la taxista pirada más famosa», según señaló Algaba.
Desde la institución insular recalcan que estas medidas no solo buscan proteger al sector del taxi legal, sino también garantizar la seguridad de los viajeros que utilizan los servicios en la isla. A las sanciones económicas —que pueden superar los 15.000 euros en casos reincidentes— se suma la inmovilización de los vehículos, lo que constituye un fuerte elemento disuasorio.
El Consell insiste en que seguirá desplegando inspectores, en coordinación con Guardia Civil y Aena, para erradicar el transporte ilegal y recordar que “ya no compensa arriesgarse”.
