La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha reclamado este lunes, 15 de diciembre, en Palma, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y a los sindicatos que negocian el complemento de insularidad que lo ajusten al coste real de la vida en Baleares, con el objetivo de evitar la marcha de agentes ya formados y estabilizar plantillas en el archipiélago.
La organización ha advertido de que la falta de un “sueldo digno”, acorde a la carestía insular, está provocando una “alarmante fluctuación de personal” que, según sostiene, “merma la estabilidad y la calidad del servicio” de seguridad en las islas, una presión que en las Pitiusas se agudiza cada temporada alta.
Rotación “crítica” y efecto academia
Jucil califica de “críticos” los datos de entradas y salidas de efectivos en los últimos cinco años: “han llegado 1.000 efectivos”, pero “han salido otros tantos” y solo se habrían quedado 250, una cifra que la asociación considera engañosa porque una parte de esos agentes podrá solicitar destino y marcharse, “como sucede de forma repetitiva año tras año”.
La entidad añade que cerca de la mitad de quienes han pasado por Baleares en ese periodo han sido guardias alumnos en prácticas, con los que —según denuncia— se tapa cada año el saldo negativo de movimientos de personal con empleo consolidado, un mecanismo que acaba convirtiendo el destino en “una extensión de la academia”.
En esa línea, el secretario provincial de Jucil en Baleares, Tomás Quesada, resume el problema con una frase que ya había repetido a este medio en anteriores entrevistas: “Se forma talento sin crear las condiciones adecuadas para retenerlo”.
Ibiza y Formentera, presión estival y vacantes persistentes
En Ibiza, la falta de efectivos se traduce en un goteo constante de vacantes y sobrecarga de trabajo, especialmente en Seguridad Ciudadana, con picos en verano por el incremento de población turística y las incidencias asociadas (hurtos, robos, alteraciones en zonas de ocio o violencia de género).
En una entrevista previa con La Voz de Ibiza, Quesada ya describía un clima interno marcado por el cansancio y la falta de descanso: “La queja más generalizada, evidentemente, es el cansancio, la falta de descanso”, porque el servicio no termina al regresar a base y, si hay detenidos, se alargan diligencias y trámites.
“Vemos que es creciente el llamado ‘síndrome del trabajador quemado’”, añadía el dirigente de Jucil, aludiendo a un desgaste psicológico ligado a tener que “discriminar” incidencias cuando faltan patrullas y se acumula la urgencia.
Plus “simbólico”, vivienda imposible y agravios comparativos
El núcleo de la reclamación vuelve a ser el mismo: un complemento de residencia que, para Jucil, no compensa el coste real de vivir en Baleares, con la vivienda como principal factor de expulsión. En aquel reportaje, Quesada recordaba que la última actualización para los agentes en las islas data de 2007 y que en Ibiza, Formentera o Menorca se perciben 92 euros adicionales (74 en Mallorca), una cuantía que definía como “algo simbólico”.
La comparación con otros territorios aparece también en el teletipo: Jucil sostiene que el complemento en Baleares debe orientarse a “las necesidades y circunstancias del territorio” y no a una equiparación mecánica con Canarias, Ceuta y Melilla, porque —según argumenta— el coste de vida en esos destinos es “notablemente inferior”.
En paralelo, la asociación subraya que Baleares “siempre ha tenido una tabla de compensación propia”, con criterios “diferentes” y a su juicio “insuficientes” dada la singularidad de la carestía.
Negociación en Función Pública y “falta de claridad”
Otro frente es el método y el contenido de la negociación. Jucil denuncia “falta de claridad” en la aplicación de las mejoras salariales vinculadas al acuerdo de Función Pública: sostiene que inicialmente se presentaron tablas para la insularidad de Baleares con cantidades fijas y trienios, pero que en escritos posteriores esas cifras variaron al eliminarse los importes fijos y los trienios, quedando el sistema definitivo pendiente de una nueva negociación.
Para el sindicato profesional, el riesgo es que el resultado final vuelva a quedarse corto frente al mercado real de alquiler y servicios, especialmente en Ibiza y Formentera. En el ámbito de los empleados públicos, el debate sobre el plus ha escalado en las últimas semanas con propuestas de incrementos y calendarios plurianuales.
“No repetir 2006”: el aviso de Jucil
Jucil también tira de memoria: “No se puede permitir que se repita lo que ocurrió en 2006, cuando Baleares fue discriminada por imponerle unos planteamientos que no resolvían las necesidades reales de los agentes”, sostiene la asociación, que pide a sindicatos y Ministerio “altura de miras” para fijar cuantías “apropiadas” y vinculadas estrictamente al coste de vida del archipiélago.
El trasfondo, insiste Quesada, es evitar que Ibiza y el conjunto de Baleares se conviertan en un circuito de formación para otras comunidades, con agentes que cumplen el “tiempo imprescindible”, completan currículum y se marchan, dejando a los puestos principales con plantillas tensionadas justo cuando más se demanda presencia policial.
