Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil —AEGC, APC, APROGC, ASES-GC, AUGC, JUCIL y la Unión de Oficiales— han puesto en marcha una «bolsa insular de alquiler» para facilitar el alojamiento a los nuevos agentes destinados a Baleares, ante las dificultades para encontrar vivienda asequible, especialmente durante la temporada alta.
La iniciativa fue anunciada este mes de junio y ya se han habilitado canales de contacto para que la ciudadanía pueda ofrecer inmuebles de manera voluntaria.
La propuesta responde a una situación crítica del mercado inmobiliario balear, una problemática que también afecta a otras fuerzas de seguridad, como la Policía Nacional o los funcionarios de prisiones, cuyos sindicatos han promovido medidas similares.
Sistema informativo y canal ciudadano
El sistema, que no implica mediación ni contraprestación económica alguna, se limita a canalizar ofertas de alquiler de ciudadanos solidarios hacia agentes recién llegados.
La identidad de cada guardia civil será verificada por voluntarios de las asociaciones implicadas antes de recibir la información sobre las viviendas disponibles en cada isla.
“Pon un guardia civil en tu vida”
Bajo el lema “¡Pon un guardia civil en tu vida!”, los promotores de la campaña apelan a la colaboración ciudadana y aclaran que los propietarios interesados en ofrecer sus viviendas pueden contactar a través del correo: [email protected].
El objetivo es crear una red de apoyo que permita a los agentes disponer de alojamiento temporal o permanente sin riesgo de ocupaciones ilegales.
Desde las organizaciones convocantes se insiste en que su función es meramente informativa. No asumen ninguna garantía legal ni validación de los inmuebles, y recomiendan que cada agente verifique las condiciones del alquiler y se responsabilice de sus propias gestiones contractuales.
Solidaridad y arraigo
Las asociaciones firmantes han subrayado que esta plataforma nace de una necesidad real y urgente que afecta particularmente a los nuevos efectivos de la Guardia Civil en Baleares. La escasez de vivienda a precios razonables pone en peligro el arraigo de quienes velan por la seguridad pública en el archipiélago.
En su comunicado, los representantes del colectivo apelan a la “solidaridad de los ciudadanos de Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera” y recuerdan que el acceso a una vivienda digna es esencial para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos.
