Miles de estudiantes de toda España están llamados a participar este lunes 28 de octubre en una huelga general educativa convocada por el Sindicato de Estudiantes.
La movilización, que se extenderá a institutos, centros de Formación Profesional y universidades, busca denunciar la falta de medidas efectivas contra el acoso escolar y reclamar más recursos en salud mental dentro del sistema educativo.
¿Por qué se convoca la huelga del 28 de octubre?
La movilización del próximo martes 28 de octubre ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes en todo el territorio español para protestar contra el acoso escolar y denunciar la falta de respuestas institucionales. El detonante inmediato fue el suicidio de Sandra Peña, una estudiante sevillana de 14 años que presuntamente se quitó la vida tras sufrir acoso prolongado en su centro educativo.
El lema de la convocatoria lo refleja claramente: “Sandra, no te olvidamos. Basta de bullying y de discursos de odio”. Con ello, los convocantes exigen una actuación decidida: protocolos de prevención, recursos para la salud mental y mecanismos que protejan a los jóvenes frente al fracaso de las políticas actuales.
¿Quiénes están llamados y dónde serán las manifestaciones?
La huelga afecta a estudiantes de estos niveles: Secundaria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y universidades. Según la normativa del país, los alumnos a partir de 3.º de ESO pueden secundar la huelga sin sanción, mientras que en cursos menores se requiere autorización familiar.
Asimismo, se han convocado manifestaciones a partir de las 12:00 horas en plazas y centros neurálgicos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Salamanca, León y otras ciudades. La intención es que la jornada se convierta en un acto nacional de reivindicación y visibilización frente al acoso escolar.
Qué reclaman los estudiantes y qué medidas exigen
El Sindicato de Estudiantes ha presentado un pliego de demandas que incluye la activación real de los protocolos anti-acoso en todos los centros, la contratación de psicólogos y orientadores escolares, así como una mayor implicación del Estado y de las comunidades autónomas en la protección de la salud mental del alumnado.
Los convocantes consideran que el suicidio de Sandra Peña no es un caso aislado, sino el síntoma de un sistema educativo que “no escucha ni protege a los jóvenes”, y por ello exigen recursos, atención efectiva y mecanismos que garanticen entornos seguros para todos los estudiantes.
