El Ayuntamiento de Vila estima que debería recibir al menos 7 millones y medio de euros cada año para compensar los costes de centralidad y capitalidad de Ibiza, una cifra que desde que se aprobó la Ley de Capitalidad en 2019 está situada en cinco millones anuales.
Un estudio interno realizado por los servicios jurídicos del Consistorio «actualiza» la cantidad de la que «difícilmente» se debería bajar al reclamar la compensación fija anual a las restantes administraciones implicadas y, por tanto, considera «insuficientes» los 3 millones y medio que actualmente le concede el Govern y el millón y medio del Consell insular.
El detallado informe, que obra en posesión de La Voz de Ibiza, compara los sobrecostes derivados de la capitalidad de Ibiza a los que sufre el municipio de Arona, de 85.249 habitantes, en tanto que capital administrativa de la isla de Tenerife.
El hecho de que Ibiza haya superado la barrera de los 50.000 habitantes (ya cuenta con 50.715) la obliga además, según la Ley de Bases de Régimen Local, a asumir competencias en transporte colectivo y protección del medio ambiente, lo que hará que la repercusión por habitantes sea aún más alta que si tuviera menor población.
En concreto, el estudio calcula que la repercusión por habitante de la centralidad y capitalidad, es decir el sobrecoste que no está cubierto con las aportaciones de la población residente, es de 165,75 euros per cápita. Eso arroja una cifra de 8.406.132,97 euros, un coste por la prestación de servicios básicos que Ibiza no debería soportar si no actuara como capital y epicentro administrativo de toda la isla.
Este sobreesfuerzo supone, siempre según este estudio, al menos el 10 por ciento del presupuesto municipal, que en 2022 ascendió a 75 millones de euros. De ahí que la cantidad mínima a reclamar en concepto de capitalidad se proponga ahora en 7 millones y medio.
Fuerte dependencia del IBI y gran impacto social
El estudio remarca la «fuerte dependencia» que la ciudad de Ibiza tiene de los impuestos directos, especialmente de la recaudación del IBI, que supone el 42,9 por ciento de sus ingresos, unos 600 euros por habitante. Por su parte, los servicios públicos básicos representan el 47,7 por ciento, a 700 euros per cápita.
Pero lo que más llama la atención de los autores del estudio a la hora de «actualizar» los costes de la capitalidad es el «gran impacto» que ha tenido la pandemia, hasta el punto que el presupuesto destinado a la protección y promoción social se haya disparado un 62 por ciento en los cinco últimos años, muy por encima de otras capitales administrativas insulares, como Palma y Arona. «Da cuenta de la fuerte repercusión que ha tenido en el municipio de Ibiza la crisis sanitaria y de cómo ha afectado a sus ciudadanos en mucho mayor grado que los de otras capitales», remarca.
Las actuaciones de carácter general también obligan a Ibiza a desembolsar 368 euros por habitante, el doble que Palma (179) y Arona (215), un «claro indicador de cómo afectan en mayor medida los gastos de capitalidad a una ciudad de 50.000 habitantes. No es lo mismo repercutir estos costes entre 75.000 habitantes que entre 50.000».
Ibiza no rechaza que los ciudadanos de otros municipios o visitantes se sigan beneficiando de los servicios que ofrece, pero pide que se la dote de «recursos económicos suficientes para compensar los gastos que se derivan» de la congestión de las calles, los servicios o el agravamiento de problemas sociales, como la pobreza o la inmigración.
También pretende compensar la sustitución de actividades y usos de carácter residencial, comercial o de servicios por el hecho de concentrar las sedes administrativas de la isla, con el consiguiente aumento del gasto municipal que eso representa a efectos de seguridad (actos públicos), mantenimiento de espacios públicos (parques y jardines), protección del patrimonio histórico o promoción y mejora de la imagen de la ciudad.
El Consell y el Govern balear han acordado incrementar ligeramente las aportaciones pactas para acometer la reforma de la Avenida España.
