La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha adjudicado dos contratos por un importe total de 2,3 millones de euros a Hospital Sant Joan de Déu y a Emocional Technologies 22 para reforzar la valoración del grado de discapacidad en Baleares. Los contratos, con una vigencia inicial de dos años prorrogables, permitirán realizar más de 21.600 valoraciones en todas las islas y se enmarcan en el Plan de choque del Govern para reducir las listas de espera de discapacidad y dependencia.
Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, el contrato para la resolución de expedientes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad se ha dividido en seis lotes. Tres de ellos, adjudicados al Hospital Sant Joan de Déu, incluyen seis equipos completos de valoradores que permitirán realizar 14.400 valoraciones integrales. Los otros tres lotes han sido adjudicados a Emocional Technologies 22 y corresponden a una persona valoradora en Mallorca, Menorca e Ibiza, que llevarán a cabo 7.200 valoraciones complementarias.
En total, los seis lotes contemplan la incorporación de 16 profesionales, entre valoradores sanitarios, psicólogos y trabajadores sociales, que se distribuirán entre las cuatro islas. Estos equipos serán los encargados de valorar a los usuarios y elaborar los informes técnicos previos al reconocimiento de la situación de discapacidad, que posteriormente serán revisados por el órgano de valoración y asesoramiento de discapacidad y dependencia. El trámite final de reconocimiento del grado corresponderá a la propia Conselleria.
Este refuerzo se suma a la incorporación de 33 nuevos profesionales a plazas estructurales de la Dirección General de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad, que se están integrando estos días en el sistema. Todos ellos están recibiendo una formación específica para garantizar la calidad del servicio, incluida la capacitación en la herramienta digital Baredi, impartida recientemente a una treintena de trabajadores.
La consellera Sandra Fernández ha subrayado que estas incorporaciones son “una pieza clave para reducir la espera a la hora de recibir una valoración de grado” y ha destacado que suponen “un nuevo paso en la garantía de uno de los derechos de la ciudadanía, para que nadie quede atrás y todas las personas de las cuatro islas vean reconocido su derecho a recibir una valoración de grado”.
