POLEMICA Y ENFRENTAMIENTOS

Ibiza en llamas por Desokupa y las usurpaciones: ¿Justicia exprés o abuso de poder?

El pleno de Sant Antoni se ha convertido en el epicentro de la confrontación política sobre el papel de la empresa en los desalojos

El debate sobre Desokupa ha llegado con fuerza a Ibiza, enfrentando a los partidos políticos en un pleno municipal de alta tensión en Sant Antoni. La controversia surgió tras la actuación del grupo en el desalojo del restaurante Café del Sol en agosto de 2024, en el que se acusó a la Policía Local de colaborar con la empresa de desalojos extrajudiciales.

Desde entonces, la discusión ha escalado, con el Partido Popular y Vox defendiendo la lucha contra la okupación, mientras que PSOE y Unidas Podemos exigen medidas contra Desokupa y su posible connivencia con las autoridades.

Enfrentamiento en el pleno municipal

Según se recoge en el Ayuntamiento de Sant Antoni, el pleno de este jueves  de febrero evidenció el choque entre los «defensores de la propiedad privada» y quienes «denuncian las prácticas de Desokupa».

La sesión alcanzó su punto álgido cuando la representante de Unidas Podemos, Ángeles Roselló, presentó una moción para que el consistorio se comprometiera a no colaborar con la empresa de desalojos. En su intervención, Roselló denunció la crisis de la vivienda en Ibiza y afirmó que el verdadero problema no es la okupación, sino los precios excesivos que impiden el acceso a un hogar digno.

Según la concejala, el modelo de Desokupa se basa en «lucrarse con la desesperación de las personas», lo que calificó como un negocio que fomenta el miedo y la violencia. Además, hizo referencia a la polémica fotografía en la que el jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Alejandro Ponce, aparece junto al líder de Desokupa, Daniel Esteve, reclamando su cese inmediato y la prohibición de cualquier tipo de vínculo entre agentes y grupos de desalojos extrajudiciales.

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El PP y Vox defienden a la Policía Local y la propiedad privada

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra (PP), respondió con dureza a las acusaciones, asegurando que la moción de Unidas Podemos era “una defensa de okupas y delincuentes”. Serra defendió el derecho a la propiedad privada y rechazó las críticas hacia la Policía Local, asegurando que su única labor en el desalojo de Café del Sol fue garantizar la seguridad y evitar incidentes.

Según el equipo de gobierno, la okupación en Sant Antoni no es un problema menor, ya que en muchos casos provoca conflictos vecinales, deterioro de propiedades y situaciones de inseguridad. “Muchos de estos okupas no promueven la convivencia, sino que generan molestias y malestar entre los vecinos”, insistió Serra.

Además, el alcalde subrayó que la presencia de la Policía Local en desalojos no implica colaboración con Desokupa, sino un esfuerzo por evitar altercados y comprobar que se respetan los derechos de todas las partes. Sobre la petición de cese del jefe de policía, Serra fue tajante: “No cesaré a Alejandro Ponce porque su actuación fue correcta”.

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¿Cómo funcionan las empresas de desalojos extrajudiciales?

Durante los últimos años, en España han proliferado empresas que ofrecen servicios de desalojo sin intervención judicial, operando en prácticamente todas las provincias. Entre ellas, Desokupa es la más mediática, liderada por Daniel Esteve, y ha centrado la polémica por su método de actuación.

Según explican en su propia web, su objetivo es negociar con los okupas en nombre del propietario para que abandonen el inmueble de forma voluntaria. Sin embargo, cuando esto no funciona, recurren a la estrategia del “control de acceso”, que consiste en colocar personal de la empresa en la puerta del inmueble para ejercer presión, controlar quién entra y sale e intentar forzar la salida de los okupas.

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Este tipo de actuaciones ha generado debate sobre los límites legales en los que operan. Mientras Desokupa defiende que trabaja dentro del marco de la ley y en coordinación con las autoridades, sus críticos denuncian que muchas de sus tácticas pueden considerarse coacción o intimidación.

El propio Daniel Esteve, en declaraciones en su página web, defiende su actividad afirmando que “llenan un vacío legal”, proporcionando una alternativa rápida a los propietarios. “Operamos dentro de los márgenes de la ley y en colaboración estrecha con las autoridades competentes”, sostiene Esteve, asegurando que su empresa ofrece una “solución efectiva a un problema que afecta a toda la sociedad”.

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¿Es legal el modelo de Desokupa?

El debate en Sant Antoni también puso en cuestión la legalidad de los procedimientos de Desokupa. Desde Unidas Podemos, Roselló denunció que el desalojo del Café del Sol fue ilegal, ya que no hubo orden judicial ni presencia de una comisión judicial. Por su parte, el PSOE reclamó una investigación interna en la Policía Local, mientras que el PP y Vox insisten en que Desokupa es una solución ante la lentitud de la justicia para resolver estos conflictos.

En medio del cruce de acusaciones, la moción presentada por Unidas Podemos fue rechazada con los votos en contra del PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos la apoyaron sin éxito.

Desalojos exprés: la nueva Ley Antiokupas y sus límites

El 19 de diciembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, también conocida como Ley Antiokupas. La normativa introduce cambios que agilizan los desalojos en casos de ocupación ilegal, incorporando estos delitos a los juicios rápidos y reduciendo los plazos de resolución a unos 15 días. Además, el procedimiento se refuerza dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, catalogando la usurpación como delito menos grave, al nivel de hurtos y robos, lo que permite su tramitación por vía exprés.

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A pesar de estas modificaciones, la Ley Antiokupas no cubre todos los escenarios. Quedan fuera los casos de inquiokupación, cuando un inquilino deja de pagar el alquiler pero sigue ocupando el inmueble, lo que continúa tramitándose por procedimientos civiles más largos. Además, el principio de inviolabilidad del domicilio sigue vigente: si han pasado más de 48 horas desde la okupación, se requiere una orden judicial para el desalojo, salvo que se considere un delito flagrante, un concepto que la normativa no define con precisión.

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