Cáritas Diocesana y la Fundación Foessa advirtieron este miércoles en Palma de que la vivienda se ha convertido en un “derecho fake”, tras constatar que casi un 20% de la población balear —más de 233.000 personas— vive hoy en exclusión social, una cifra que apenas se ha movido desde 2018. Los responsables de la entidad reclamaron políticas ambiciosas que frenen los precios abusivos y amplíen el parque público. En la presentación del informe subrayaron que las Islas sufren uno de los niveles de tensión residencial más altos del país. Ibiza, señalaron, figura entre las zonas más afectadas.
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El IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social sitúa la vivienda en el centro del bloqueo social. Según los datos, un 29% de la población padece exclusión residencial, con un aumento del 41% en el precio de la vivienda desde 2018 y con incrementos aún mayores en la obra nueva. El alquiler medio ha escalado a 1.598 euros, un 31% más que en 2019, mientras más del 60% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al hogar, un umbral considerado de sobreesfuerzo económico.
46.000 hogares caen en pobreza severa tras pagar el alquiler
El documento expone que 46.000 hogares terminan bajo el umbral de la pobreza severa tras abonar alquiler y suministros, lo que evidencia —según los autores— que la vivienda “no permite una vida digna” y expulsa del territorio a miles de residentes. Además, 110.000 personas viven en viviendas inseguras y otras 100.000 en condiciones inadecuadas o de insalubridad, con Ibiza entre las zonas “más tensionadas” del archipiélago.
Foessa constata también un grave déficit en la protección de ingresos. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo alcanza al 35% de quienes están en pobreza severa, y al 66% nunca les ha llegado información sobre la prestación. Paralelamente, la Renta Social Garantizada (Resoga) ha pasado de cubrir al 1% de la población en 2018 a solo el 0,44% en 2024, lo que genera un “agujero informativo y administrativo” que deja a miles de hogares sin apoyo. Ubrich defendió que los perceptores del IMV puedan acceder también a la Resoga, porque “con el IMV no se cubren las necesidades”.
Empleo al alza, integración estancada
Pese al aumento del empleo —de 560.000 a 607.000 personas ocupadas desde 2018—, Baleares crea puestos de trabajo sin reducir la exclusión, afirmó Foessa. Los salarios han subido un 20% nominal, pero solo un 3,3% real debido al encarecimiento de la vida. La exclusión entre personas ocupadas ha pasado de una de cada diez a casi una de cada siete, lo que refuerza la idea de que el empleo no garantiza integración social.
Brechas: extranjeros, jóvenes y familias con menores, los más afectados
El informe señala que la población extranjera sufre tasas de exclusión del 31%, más del doble que la española. Entre los menores, el impacto asciende al 24%, y entre quienes tienen entre 18 y 44 años, al 26%. Los hogares con hijos representan dos tercios de la población excluida, mientras uno de cada cinco hogares declara haber sufrido discriminación.
El sociólogo Thomás Ubrich concluyó que el modelo actual “está agotado” porque genera “desigualdad, precariedad y aislamiento”. La fundación propone un nuevo pacto social basado en los cuidados, con prioridades en vivienda, empleo digno, protección social, integración de la población migrante y refuerzo del tejido comunitario. El informe plantea que Baleares debe elegir entre avanzar hacia una sociedad más fragmentada o situar el bien común en el centro de la acción pública.
