Ibiza exige frenar el «airbnb náutico» y acusa al Gobierno central de «deslealtad»

El Consell Insular de Ibiza ha exigido por carta al Gobierno de España la retirada inmediata de la normativa estatal que permite el alquiler turístico de embarcaciones privadas sin cumplir los requisitos que se exigen al chárter náutico profesional. Se trata de una resolución que habilita a propietarios particulares de barcos —inscritos en la conocida “lista séptima”— a ofrecerlos para uso vacacional sin ningún control autonómico ni limitación de carga, ni criterios medioambientales.

Esta norma, aprobada por el Ministerio de Transportes y publicada sin consulta previa a los gobiernos autonómicos o insulares, ha sido interpretada por Ibiza como un ataque frontal a sus políticas de contención turística. El presidente insular, Vicent Marí, acusa al Ejecutivo central de actuar con “deslealtad” y advierte de que esta medida dinamita los esfuerzos realizados en la isla para frenar la masificación.

“Es una medida incoherente con la sostenibilidad y una deslealtad hacia quienes luchamos contra la saturación”, ha declarado Marí en el comunicado institucional.

Un nuevo coladero turístico sin control desde el mar

La resolución, que permite a cualquier propietario con una embarcación de recreo en la “lista séptima” ponerla en alquiler a través de plataformas digitales, equivale a legalizar una actividad fuera de ordenación, según el Consell. Estas embarcaciones no están sometidas a los controles de seguridad, inspecciones ni exigencias fiscales del sector profesional. Además, no computan como plazas turísticas, por lo que es imposible limitar su número ni evaluar su impacto ambiental.

Desde el Consell se alerta de que esta medida podría provocar un efecto llamada masivo que desborde la capacidad de carga de las costas ibicencas, justo cuando se está intentando contener la presión humana tanto por tierra como por mar.

El sector náutico ya había calificado esta decisión como una “bomba de relojería” para Ibiza.

La carta del Consell

En una carta enviada a Óscar Puente (ministro de Transportes) y a Jordi Hereu (ministro de Turismo), el presidente Vicent Marí pide que el Gobierno “retire de inmediato” la norma y se comprometa a no volver a regular sin consenso autonómico.

Ibiza recuerda que ha eliminado en el último año cerca de 10.000 plazas turísticas ilegales, gracias a una estrategia de inspección, uso de tecnología y sanciones. “No podemos permitir que ahora se nos abra un nuevo frente de presión turística desde el mar, sin planificación ni límite alguno”, advierte la institución insular.

Cronología de una norma que enfada a Ibiza

• Primavera 2025: el Gobierno publica una resolución que legaliza el alquiler turístico de embarcaciones privadas, sin pasar por los controles autonómicos.

• Mayo-junio 2025: el Consell de Ibiza, el Govern balear y entidades náuticas alzan la voz contra esta norma, que consideran “peligrosa” y “precipitada”.

• 17 de julio: el pleno del Consell aprueba por mayoría pedir formalmente la retirada de la medida.

• 22 de julio: el Govern insiste en que agotará todas las vías para impedir que la normativa entre en vigor.

• 23 de julio: Vicent Marí remite la carta oficial a Madrid exigiendo su paralización.

La crítica principal no es solo técnica: Ibiza acusa al Gobierno central de no haber dialogado ni informado a los territorios insulares, los más afectados por el turismo descontrolado.

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