El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha establecido que la Administración debe garantizar que las familias puedan elegir, en su municipio o zona escolar, al menos un centro sostenido con fondos públicos donde la lengua vehicular no sea solo el catalán. En Ibiza, la realidad está lejos de ese listón: la oferta bilingüe se concentra en cuatro colegios concertados y ningún centro público ha adoptado un proyecto lingüístico en esa línea. Esto mientras el Govern defiende que su “modelo de conjunción lingüística” ya cumple las sentencias.
Lo que dice el TSJIB
Las tres sentencias clave del TSJIB —247/2024, 404/2025 y 426/2025— van en la misma dirección: rechazan importar a Baleares el modelo del 25 % mínimo de horas en castellano fijado por los tribunales catalanes y dan por bueno, en abstracto, el modelo de conjunción lingüística de la LEIB, que permite que el catalán sea lengua mayoritaria en las aulas.
Pero al mismo tiempo marcan un límite claro: la conjunción no puede quedarse en una fórmula vacía. El Tribunal advierte de que habría problema si, en la práctica, todas las opciones accesibles para una familia fueran centros donde la única lengua vehicular es el catalán.
En ese caso, dice, la Administración debe garantizar que exista al menos un centro sostenido con fondos públicos —preferentemente público— en el municipio o zona escolar donde el castellano también sea lengua de enseñanza, y usar sus potestades de supervisión para hacerlo posible aunque choque con la autonomía de los centros.
La realidad en Ibiza: plan piloto en la concertada y vacío en la red pública
Sobre el papel, el instrumento estrella del Govern para visualizar la conjunción es el Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua, aprobado en 2024 y desarrollado a partir del curso 2024‑25. El programa permite a los centros sostenidos con fondos públicos ofrecer a las familias la posibilidad de cursar ciertas materias troncales (como Matemáticas o Conocimiento del Medio) en catalán o en castellano, siempre manteniendo como mínimo un 50 % del horario en catalán.
En la práctica, sin embargo, el despliegue ha sido muy limitado y se ha concentrado en la red concertada:
- Curso 2024‑25: once centros de Baleares se adhieren al plan, todos ellos concertados y ninguno público, entre ellos tres colegios de Ibiza: Can Bonet (Sant Antoni), Mare de Déu de les Neus (Sant Jordi) y Nuestra Señora de la Consolación (Ibiza). Según datos publicados por la propia Conselleria y recogidos por La Voz de Ibiza, 597 alumnos de tres centros concertados de la isla participaron ese curso en el plan de libre elección de lengua.
- Curso 2025‑26: el Govern informó de que 19 centros han solicitado incorporarse al plan en las distintas etapas; entre las nuevas solicitudes figura el colegio Sa Real, también concertado, en Ibiza.
Sin embargo, no hay ningún colegio ni instituto público de Ibiza entre los centros adheridos al Plan Piloto.
Además, la Conselleria no ha hecho pública una relación de centros públicos que, al margen del plan piloto, impartan de forma significativa asignaturas no lingüísticas en castellano como lengua vehicular. De cara a las familias, la única oferta de enseñanza con castellano vehicular visible y estructurada se concentra en cuatro concertados de Vila, Sant Antoni y Sant Jordi.
Es decir, en municipios como Santa Eulària des Riu o Sant Joan de Labritja, las familias no pueden optar por ningún centro sostenido con fondos públicos dentro de su territorio donde puedan escolarizar a sus hijos en un modelo en el que el castellano sea una lengua vehicular.
Ofrecer opciones reales
Para la asociación de docentes PLIS. Educación, por favor, la clave no está en el 25 % —que el TSJIB descarta expresamente— sino en la obligación del Govern de crear una red real de centros bilingües.
En la entrevista mantenida con este periódico, su portavoz Julián Ruiz‑Bravo resume así el alcance práctico de las sentencias 247/2024, 404/2025 y 426/2025:
- El TSJIB no reconoce un derecho automático a que el centro concreto donde estudia el alumno cambie su proyecto lingüístico ni impone un porcentaje fijo de castellano.
- Pero sí dice que la Administración debe garantizar que, en cada municipio o zona escolar, existan suficientes centros sostenidos con fondos públicos —y subraya especialmente los públicos— donde catalán y castellano sean lenguas vehiculares, sin expulsar al castellano del aula.
- Y recuerda que la autonomía de centro “no es absoluta”: si entra en conflicto con el derecho de unos padres a una enseñanza bilingüe, debe prevalecer este último.
Según Ruiz Bravo, eso tiene consecuencias muy concretas: la Conselleria debería señalar qué centros de cada municipio ofrecen realmente un modelo bilingüe, publicar esa lista antes del periodo de admisión y permitir que los padres que elijan esos centros tengan prioridad por razón lingüística.
Sobre el Plan Piloto, PLIS es tajante. Lo define como un “trampantojo” porque:
- es voluntario y depende de la voluntad de cada claustro,
- en sus primeras ediciones solo lo aplican centros concertados,
- y, en ningún caso, se ha planteado como respuesta directa a la obligación de garantizar una red mínima de centros bilingües por municipio.
Ruiz Bravo admite que las sentencias son recientes y que, en una interpretación razonable, las medidas para adaptarse podrían desplegarse de cara al próximo curso, cuando se abra el plazo de admisión de alumnos. Pero, a día de hoy, la Conselleria d’Educació i Universitats no ha anunciado ningún cambio en ese sentido ni ha avanzado que vaya a señalar centros bilingües por municipios o a dar prioridad de acceso a las familias que los elijan por motivo lingüístico.
La postura del Govern
De hecho, la Conselleria sostiene que su política ya se ajusta a lo que exige la justicia. En una primera respuesta a este diario, el departamento subrayó que “el TSJIB rechaza que el 25 % del horario lectivo se imparta en castellano y que unos centros educativos establezcan como lengua vehicular única el catalán no supone la quiebra constitucional del modelo educativo balear” y que la sentencia “avala que el modelo de conjunción lingüística aplicado en las Illes Balears es correcto”.
La Conselleria insiste además en que su obligación es que, al final de la enseñanza obligatoria, todo el alumnado sea competente en las dos lenguas, y apunta a otros mecanismos de compensación: derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua familiar oficial, programas de acogida lingüística para alumnos de incorporación tardía, refuerzos específicos, etc.
Sin embargo, el Govern no ha confirmado iniciativas, más allá del plan piloto, para garantizar territorialmente la existencia de centros —públicos o concertados— donde el castellano sea también lengua vehicular
El Govern defiende el Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua como prueba de que se ofrecen nuevas opciones y recuerda que la participación crece. Pero no ha anunciado ningún plan específico para incorporar centros públicos al programa, ni identificar y publicitar qué centros cumplen el estándar que el propio TSJIB vincula a la validez del modelo de conjunción.
Ruiz-Bravo disiente: “Si la Administración dice que no está obligada por esta sentencia, está diciendo una mentira. La sentencia es muy clara”.
