El Consell de Ibiza ha impuesto la primera multa coercitiva contra Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU, sociedad que tiene como inversionista a Aliseda Inmobiliaria, controlada mayoritariamente por el fondo Blackstone y con participación del Banco Santander. El motivo: no acatar la orden de derribo de una estructura ilegal en Cala Molí, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, que lleva en pie desde hace casi dos décadas sobre suelo protegido.
La sanción, de 24.869 euros, fue confirmada este martes por el vicepresidente Mariano Juan durante el pleno del Consell Insular, en el marco de un expediente urbanístico que ha atravesado gobiernos, sentencias judiciales y cambios empresariales sin que se haya restituido la legalidad.
Una historia de irregularidades desde 2005
La estructura sancionada ocupa una parcela junto a la calle Puig de Mar, dentro de un Área Natural de Especial Interés (ANEI). Se trata de un conjunto de 900 metros cuadrados de viviendas y 300 de trasteros, construidos por el Grupo Medi a principios de los 2000, como parte de una promoción que incluía apartamentos, estudios, piscinas y zonas comunes.
En 2005, el GEN-GOB Ibiza denunció que las obras invadían terreno protegido, lo que activó una investigación urbanística que acabaría destapando una presunta trama de corrupción liderada por el entonces arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, ya fallecido. Huerta compatibilizaba su función pública con encargos privados a través de familiares. Tal como recuperan las crónicas de aquel momento, el proyecto de Cala Molí fue, de hecho, firmado por su nuera.
La licencia de obras fue finalmente anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en 2007, pero la estructura nunca fue derribada.
Una orden de derribo ignorada durante años
En 2018, el entonces alcalde socialista Josep Marí Ribas admitía públicamente que había que demoler la obra. Su sucesor, Ángel Luis Guerrero, también afirmó que sería “en breve”. Pero pasaron los años y no se actuó. En 2022, una denuncia ciudadana motivó al Consell a reabrir el expediente, ya bajo su competencia tras la aprobación de la Ley de Urbanismo de Balears.
En septiembre de 2023, el Consell dictó una nueva orden de demolición y fijó un plazo de un año para su ejecución. La empresa propietaria, Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU, presentó un recurso de alzada que fue desestimado en febrero de 2024. El expediente volvió a activarse con firmeza.
El plazo venció: sigue la obra, llega la multa
“El 20 de febrero de 2025 se certificó que la obra seguía allí —parada, pero aún existente—”, explicó Mariano Juan ante el pleno. Ese día, vencido el plazo legal de ejecución del derribo, el Consell impuso la primera multa coercitiva, prevista por ley para forzar el cumplimiento.
La sanción asciende a 24.869 euros, equivalente al 10% del valor de la construcción ilegal. Tal como explicó el vicepresidente, se podrán imponer hasta 12 multas consecutivas si no se derriba la estructura. Una vez agotadas, el Consell podrá ejecutar la demolición subsidiaria y repercutir los costes a la empresa.
Recurso desestimado: la compraventa no vale
La empresa sancionada intentó frenar la sanción alegando que ya no es propietaria del inmueble. Según su recurso de reposición, la finca había sido vendida a otra sociedad. Sin embargo, el Consell desestimó esta defensa con un argumento legal claro. “Esa supuesta compraventa no está inscrita en el Registro de la Propiedad. Por tanto, nos regimos por lo que consta en dicho registro, y la obligación de restablecer la legalidad sigue recayendo en la empresa titular”, afirmó Juan.
Añadió que no se prejuzga si ha habido o no fraude de ley, pero que, mientras no se registre el cambio de titularidad, la responsabilidad administrativa es clara y recae en Canvives SAU.
¿Quién es Canvives SAU?
Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU es una sociedad dedicada a la compraventa de activos inmobiliarios. Forma parte del entramado de Aliseda Inmobiliaria, plataforma gestionada por Quasar, un vehículo compartido por Blackstone (mayoría) y Banco Santander (minoría). Aunque en 2024 se informó de una reducción de la participación de Santander, Blackstone mantendría el control de Aliseda.
Por tanto, aunque la titularidad formal de la finca está en manos de Canvives, la red empresarial lleva a una de las firmas inversoras más poderosas del mundo, que opera en múltiples sectores inmobiliarios en España, incluyendo suelos urbanizables, inmuebles en venta y promociones en curso.
Próximos pasos: sanciones mensuales y derribo forzoso
El Consell ha iniciado el procedimiento para imponer sanciones mensuales durante 12 meses si persiste el incumplimiento. Las multas coercitivas son acumulativas, lo que podría suponer más de 298.000 euros en sanciones si no se ejecuta el derribo. En paralelo, se avanza en la posibilidad de ejecutar el derribo por vía subsidiaria.
De llegar a ese punto, el Consell contratará los trabajos, ejecutará el desmontaje de la estructura y exigirá el pago a la empresa. Esto también puede implicar embargos si no se abonan los costes, tal como marca la normativa autonómica.
