La Mesa del Congreso decidirá este martes 8 de septiembre si mantiene el veto del Gobierno a la proposición de ley de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament, una votación que determinará si Baleares puede seguir aspirando a ganar capacidad de decisión frente a Aena. Para Ibiza, la resolución afecta directamente a una vía legislativa concebida para intervenir en cuestiones como el techo de vuelos o la planificación de infraestructuras, en plena controversia por la reforma del aeropuerto de Es Codolar.
La presión política ha aumentado este lunes. MÉS per Mallorca ha reclamado a la Mesa que levante el veto, mientras la presidenta balear, Marga Prohens, ha asegurado que el PP quiere que la iniciativa continúe su tramitación. La Mesa está integrada por cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar; estos últimos votarán contra el veto, según ha anunciado MÉS, mientras el PSIB no ha aclarado la posición que mantendrán los socialistas.
El portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha calificado la decisión del Ejecutivo central como una “falta de respeto” al autogobierno balear y una “falta de sensibilidad democrática”. También ha sostenido que el veto está “lleno de mentiras”, al considerar que atribuye a la proposición una reducción de tasas aeroportuarias que, según MÉS, no aparece recogida en el texto aprobado por el Parlament. El socialista Marc Pons, por su parte, ha recordado que el PSIB ya había advertido de “debilidades” jurídicas: “Avisamos que había riesgos de que la ley podía naufragar”.
La importancia de la votación para Ibiza reside en qué cambiaría realmente con la cogestión aeroportuaria. La norma no transfiere la gestión de los aeropuertos a Baleares, pero refuerza el Comité de Coordinación Aeroportuaria y convierte en vinculantes determinados informes sobre el techo operativo máximo de vuelos anual y diario, los planes, programas y construcciones aeroportuarias, la conectividad y las medidas para reducir impactos sobre el entorno. En ese órgano tendrían representación el Govern, los consells y municipios como Sant Josep, donde se encuentra el aeropuerto de Ibiza.
Ese posible contrapoder frente a Aena ha ganado relevancia durante los últimos meses por los planes para Es Codolar. La ampliación y remodelación proyectada ha provocado un rechazo institucional y social a cualquier crecimiento de la operativa, aunque Aena sostiene que las obras no buscan incrementar el número de vuelos. El gestor llegó a comprometerse en julio a que la reforma del aeropuerto de Ibiza no traerá más vuelos, después de que documentación de sus licitaciones apuntara a una capacidad para absorber un mayor volumen de pasajeros.
El Gobierno justificó el viernes su oposición alegando que la ley podría reducir los ingresos de Aena y generar un impacto presupuestario para el Estado, un argumento que MÉS rechaza por considerarlo hipotético. La votación de este martes decidirá ahora si ese reparo económico frena la iniciativa antes de que el Congreso pueda debatir su contenido. Para Ibiza, no supone decidir mañana cuántos vuelos podrá recibir Es Codolar, sino determinar si sigue abierta la posibilidad de que las instituciones de la isla tengan en el futuro una capacidad vinculante sobre decisiones que hasta ahora dependen esencialmente de Aena y del Estado. El origen y argumentos del veto pueden consultarse en la información publicada el viernes por La Voz de Ibiza.
