Ibiza ya tiene vía libre política para empezar a enviar a Mallorca los residuos que hasta ahora se vertían en Ca na Putxa, una salida temporal marcada por la vida útil agotada del vertedero insular y por el acuerdo entre los consells y el Govern. El nuevo decreto de aceleración de proyectos estratégicos, convalidado al segundo intento, blinda la cobertura legal del traslado y configura este movimiento de la basura ibicenca como una medida excepcional, con prueba piloto previa y una ayuda de 50 millones al Consell de Mallorca.
Traslado desbloqueado tras semanas de negociación
El decreto especifica que, entre otras medidas, otorga cobertura legal al acuerdo alcanzado entre los consells insulares y el Govern para trasladar residuos de Ibiza a Mallorca de forma temporal, un pacto adoptado ante la finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa. Con la nueva norma en vigor, el envío de la fracción de desecho puede empezar “de forma inmediata y legal”, siempre en el marco del convenio que firmen las dos instituciones insulares.
Ese acuerdo permitirá que los consells de Ibiza y Mallorca acuerden las eventuales condiciones del traslado de residuos, de manera que sean las administraciones implicadas las que definan el funcionamiento práctico de esta solución: qué se envía, durante cuánto tiempo y bajo qué reglas administrativas. Sobre la mesa, como ya se ha explicado en las últimas semanas, está la fracción de desecho que hoy termina en Ca na Putxa y que pasará a tratarse en las plantas mallorquinas.
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Prueba piloto y ayuda de 50 millones para tratar la basura
Antes de la puesta en marcha definitiva de esta iniciativa, el decreto prevé la realización de una prueba piloto, un test que deberá ejecutarse con carácter previo al funcionamiento regular del sistema. El objetivo es que, durante ese periodo, las instituciones puedan ajustar el dispositivo de traslado de residuos entre Ibiza y Mallorca y comprobar su encaje operativo y económico.
Como contraprestación, el texto establece que el Consell de Mallorca recibirá una ayuda de 50 millones de euros del Govern, una aportación que se distribuirá en diez anualidades. Esa partida está destinada a hacer frente a los gastos derivados de recibir y tratar en Mallorca los residuos que hasta ahora iban al vertedero de Ca na Putxa, en un contexto en el que la isla receptora asumirá parte de la presión del sistema de gestión de residuos de Ibiza.
Renovables quedan fuera de la vía rápida para salvar el decreto
El desbloqueo del traslado de residuos llega tras un largo pulso político alrededor del propio decreto de aceleración, que fracasó en su primer intento de convalidación el pasado 30 de septiembre por el voto en contra de Vox. Tras ese veto, y con la votación fallida del techo de gasto de por medio, el Govern retomó las negociaciones con su socio, que condicionó su apoyo a eliminar la posibilidad de que los proyectos de energías renovables se acogieran a la vía acelerada.
En el nuevo texto, los proyectos de renovables quedan fuera del procedimiento de aceleración y deberán tramitarse por la vía ordinaria, una modificación que Vox considera clave para haber levantado el bloqueo. Su portavoz, Manuela Cañadas, se ha congratulado por haber eliminado lo que califica como “caballo de Troya de la Agenda 2030” y por la “depuración radical” de un decreto que, a su juicio, en origen “solo buscaba favorecer a las energías renovables”.
Desde el PP, el diputado Jordi López ha defendido que la nueva normativa permitirá acabar con una “burocracia excesiva” que durante años ha frenado proyectos, asegurando que no se suprimen controles ni garantías, sino duplicidades y procedimientos que “paralizan y ahogan la iniciativa económica”.
Críticas de la oposición: medio ambiente y modelo de inversiones
Los grupos de izquierda han votado en contra del decreto y han centrado buena parte de sus críticas en las cesiones a Vox en materia ambiental. El socialista Llorenç Pou ha afeado al Govern que haya eliminado todas las medidas medioambientales que contemplaba la primera versión del texto, acusando al Ejecutivo de mover “siempre su línea roja atrás, atrás y atrás” y calificando de “iluminatis” la idea de transformar el modelo económico solo con este decreto.
El diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, ha denunciado la “incapacidad negociadora” de Antoni Costa por haber cedido a las demandas de Vox y ha mostrado escepticismo sobre los beneficios reales de la norma. A su juicio, el Govern muestra “pereza” a la hora de legislar al recurrir a la figura del decreto para asuntos que no considera urgentes, renunciando a un debate parlamentario más amplio desde el inicio.
Desde Més per Menorca, Josep Castells ha calificado el modelo que impulsa el decreto como “muy anticuado, el de ‘Bienvenido, Mister Marshall’”, basado en que lleguen grandes inversiones de fuera mientras se discriminan los proyectos pequeños y locales. Y desde Unidas Podemos, José María García ha criticado que el Govern haya pasado el texto “por el filtro del negacionismo climático y energético de la ultraderecha”, diluyendo el peso de la transición ecológica.
Proyectos estratégicos y papel de ayuntamientos y consells
Más allá de la cuestión de los residuos de Ibiza, el decreto configura un nuevo marco para los llamados Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), tanto públicos como privados. Estos proyectos podrán beneficiarse de tramitación preferente, simplificación administrativa y plazos reducidos, siempre que cumplan ciertos umbrales de inversión (desde 0,5 millones en proyectos agrarios hasta 10 millones en otros sectores) o de creación y mantenimiento de empleo estable.
El texto regula también la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que actuará como unidad técnica de apoyo a los PEIE privados, y elimina la caducidad a los dos años de la declaración de PEIE en el sector público, extendiendo esta figura a todo el sector público autonómico e insular, incluidas fundaciones.
En el ámbito local, el decreto mantiene y simplifica las declaraciones estratégicas de Palma e Ibiza y abre la puerta a que el resto de municipios y consells puedan pedir la declaración de PEIE para inversiones en ciclo del agua, eficiencia energética o tratamiento de residuos, un instrumento que, sobre el papel, podría utilizarse para reforzar las propias infraestructuras de gestión de residuos de la isla más allá del envío temporal de la fracción de desecho a Mallorca.
