La futura Ley Agraria de Baleares, que impulsa la Conselleria de Agricultura dirigida por Joan Simonet, permitirá aumentar de seis a 10 las plazas destinadas a agroestancias en las explotaciones agrícolas que opten por el alojamiento turístico.
Sin embargo, el texto definitivo incluirá una novedad relevante: los Consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera tendrán la potestad de reducir ese número máximo de plazas, siempre que no lo rebajen por debajo de las seis que ya fijaba la ley aprobada en 2019 durante el Govern de Francina Armengol, según publicó OK Baleares.
El punto más polémico del Anteproyecto
La ampliación de plazas para alojamiento turístico en fincas rústicas se ha convertido en el principal foco de debate político desde que a finales de 2025 se presentó el Anteproyecto de Ley de Agricultura.
El conseller Joan Simonet defiende que elevar el límite hasta 10 plazas permitirá mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, muchas de las cuales atraviesan dificultades económicas. Los partidos de la izquierda parlamentaria, en cambio, reclaman mantener el límite en seis, al considerar que ampliar las plazas supone abrir la puerta a una mayor presión turística en suelo rústico.
La fórmula diseñada por la Conselleria —ampliar a 10 pero permitir que los Consells lo reduzcan hasta seis— busca ampliar el consenso político de cara a la tramitación parlamentaria. El periodo de alegaciones ya ha finalizado y el Govern analiza ahora las propuestas recibidas antes de negociar los apoyos necesarios, previsiblemente con Vox, para aprobar la norma antes del verano.
Más rentabilidad y menos burocracia
El objetivo central de la nueva Ley Agraria balear es reducir la burocracia y corregir las limitaciones que, según el Govern, dificultan la viabilidad del sector primario.
Las explotaciones agrarias ocupan más del 85% del territorio de las Islas Baleares, pero atraviesan problemas estructurales derivados de políticas comunitarias, aumento de costes y falta de relevo generacional. La descendencia de muchos payeses muestra poco interés en continuar la actividad.
Para garantizar la continuidad del sector, la ley introduce medidas destinadas a mejorar los ingresos de las fincas.
Venta directa y degustaciones en la finca
Una de las novedades más destacadas es el impulso a la venta directa en la explotación agrícola, sin intermediarios. Los agricultores podrán comercializar sus productos directamente al consumidor en la propia finca. Además, si varias explotaciones se asocian, cada una podrá vender también los productos del resto de asociados.
La nueva normativa permitirá asimismo organizar degustaciones de productos en la propia finca, algo que hasta ahora no estaba autorizado.
Comercialización de carne de caza
Otra novedad relevante es la adaptación de la normativa balear al Real Decreto 1086/2020, que regula la comercialización de pequeñas cantidades de carne de caza.
Con la nueva ley, los payeses podrán vender en su propia explotación pequeñas cantidades de carne de caza, como cabrito o piezas enteras de especies como zorzal, conejo silvestre, liebre, perdiz o paloma, siempre dentro de temporada y cumpliendo los reglamentos europeos de higiene alimentaria (CE 852/2004 y CE 853/2004).
Recta final antes del verano
La Ley Agraria de Baleares se encuentra en su última fase de tramitación tras el análisis de las alegaciones presentadas durante la exposición pública iniciada en octubre.
La Conselleria de Agricultura confía en que el texto pueda aprobarse definitivamente antes del verano, culminando así una reforma que revisa la ley de 2019 y que el Govern presenta como clave para asegurar la supervivencia del sector primario en las Islas.
