Baleares se planta ante el decreto del Gobierno que abre la puerta al llamado «Airbnb náutico», una normativa estatal que autoriza el alquiler de embarcaciones privadas (lista séptima) por hasta tres meses al año, en condiciones similares a las empresas de chárter (lista sexta). La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y con entrada en vigor prevista para el 15 de agosto, ha provocado un rechazo generalizado en el archipiélago, tanto desde el ámbito institucional como empresarial y deportivo.
Las principales patronales del sector náutico en Baleares, entre ellas AENIB, APEAM, AECIB y ANADE, han hecho público su rechazo frontal a la medida, a la que acusan de fomentar el intrusismo profesional, la desprotección del usuario y la competencia desleal. La nueva norma, señalan, “carece de justificación” en zonas ya saturadas de tráfico marítimo, como las costas de Ibiza y Formentera, y podría generar un efecto llamada que rompa el equilibrio actual entre oferta y demanda de embarcaciones.
“Lo que puede resultar beneficioso para otras comunidades autónomas no tiene por qué ser aplicable al archipiélago balear”, advierten desde las patronales, todas ellas integradas en CAEB.
Además, las asociaciones alertan de que el decreto no será aplicable de forma inmediata, ya que cada embarcación necesitará una autorización expresa de cambio de uso, sujeta a diversos requisitos técnicos y legales aún no difundidos en detalle. Por ello, piden a las administraciones que informen “cuanto antes” de las condiciones concretas, para evitar la confusión y el descontrol en puertos y fondeos.
Qué proponen las patronales
Ante el vacío que generará la norma estatal, las patronales insisten en la necesidad de que el Govern balear apruebe de forma urgente el nuevo decreto autonómico de chárter náutico, en tramitación desde hace meses. Esta norma permitiría establecer requisitos claros, controles efectivos y mecanismos contra el intrusismo.
Además, reclaman mayores recursos de vigilancia marítima, así como el apoyo expreso de la Autoridad Portuaria de Baleares para garantizar el cumplimiento de las normas en puertos y amarres concesionados.
Qué dicen en Ibiza
El Consell Insular de Ibiza también ha expresado su oposición al decreto. El pasado lunes, el Pleno de la institución aprobó una propuesta del PP para instar al Gobierno central a retirar el proyecto de legalización del alquiler temporal de embarcaciones privadas.
Aunque el acuerdo plenario no detalla un argumentario extenso, sí refleja la preocupación institucional por el impacto que la nueva norma pueda tener en las costas de la isla, ya sometidas a una fuerte presión náutica durante los meses de temporada alta.
Así, la isla se suma al rechazo expresado por el sector empresarial, y reclama al Gobierno central que reconsidere una medida que podría alterar la gestión actual del uso del mar, especialmente en territorios insulares con alta densidad de tráfico marítimo.
Vale recordar que Ramón Van Der Hooft, presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, integrada en Pimeef, ya había expresado a La Voz de Ibiza el rechazo del sector náutico pitiuso: “Está claro que nosotros estamos completamente alineados con el Govern balear: creemos que sobran barcos, ya con la lista sexta hay una sobreoferta con todo el intrusismo que tenemos y en los puertos».
Qué dicen los clubes náuticos
La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) ha sido otra de las voces que se han alzado contra la norma. En un comunicado, la entidad califica el decreto como una equiparación sin sentido entre uso privado y uso comercial, que genera inseguridad jurídica y afecta a la sostenibilidad del modelo turístico.
A su juicio, la entrada en vigor del decreto generará tensiones en la gestión de tarifas portuarias e impulsará una masificación inasumible en un entorno ya “al límite de su capacidad de carga”. Recuerdan además que la saturación actual del litoral balear exige medidas de contención, no políticas que incentiven un aumento de la flota disponible para el alquiler estacional.
La asociación también subraya que, al tratarse de aguas interiores, la competencia en materia de náutica recreativa recae sobre el Govern balear, según el Estatut d’Autonomia, por lo que considera que el Gobierno central debería frenar la aplicación de esta norma en el archipiélago.
Por qué Baleares se planta contra este decreto
El «Airbnb del mar», tal como lo han bautizado en algunos círculos, supone un cambio de paradigma en el alquiler de embarcaciones de recreo, al permitir que propietarios particulares alquilen sus barcos sin ser empresas.
Aunque la medida busca dinamizar el sector en comunidades con menos actividad náutica, en Baleares se percibe como una amenaza directa al ecosistema costero, al turismo ordenado y a la seguridad en el mar.
