La disputa por una plaza de chófer en el Govern balear ha terminado en los juzgados y ha puesto el foco en el despacho de Presidencia. Allí, según sostiene la querella presentada por un funcionario con décadas de servicio, se habría gestado un plan “il-legal, injusto y arbitrario” para favorecer al familiar del jefe de Gabinete de Marga Prohens. El escrito enlaza ese nombramiento con el siniestro total en 2024 del Lexus oficial que conducía el joven seleccionado.
Un proceso con más de 200 aspirantes
El denunciante, conductor funcionario desde 2008, sostiene que la plaza se abrió en octubre de 2023 para reforzar temporalmente el servicio, con más de 200 aspirantes inscritos en la oferta. Entre ellos figuraba el familiar de Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de Prohens, quien no obtuvo la mejor puntuación en la fase inicial de baremación.
La querella afirma que, tras conocer esos resultados, se modificaron las bases para exigir la presentación de un currículum y permitir que la Secretaría General eligiera “a la persona más adecuada”. A juicio del funcionario, esta variación transformó el concurso en una libre designación encubierta.
Una instrucción interna que cambió el rumbo
El escrito presentado ante los juzgados detalla que la instrucción aprobada el 21 de noviembre de 2023 permitió reinterpretar los criterios de la convocatoria inicial publicada en el BOIB.
Según la denuncia, la instrucción se aplicó “de forma injusta y arbitraria” para alterar el orden marcado por los méritos y favorecer al familiar del jefe de Gabinete. El juzgado deberá determinar si este cambio podía realizarse con el procedimiento ya en marcha.
El accidente como argumento de idoneidad
La querella incluye, además, el siniestro total del Lexus oficial, ocurrido en la primavera de 2024, cuando el conductor perdió el control en una rotonda con el asfalto mojado.
La presidenta no iba en el vehículo, que regresaba tras dejarla en el aeropuerto de Palma. El funcionario utiliza este episodio para sostener que el chófer seleccionado “no contaba con los méritos ni la experiencia necesarios”, y que el accidente sirve como ejemplo de la supuesta falta de idoneidad.
Un Lexus con recorrido político
El vehículo accidentado era un Lexus negro adquirido en 2019 por la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria por 39.796 euros, impuestos incluidos.
Había sido utilizado en la legislatura anterior por el exconseller socialista Iago Negueruela y estaba adscrito al servicio de Presidencia cuando sufrió el siniestro. El coche fue declarado siniestro total, un dato que el funcionario aporta en su denuncia para reforzar su relato.
Traslado de conductores y deterioro laboral
El denunciante sostiene que, tras la incorporación del nuevo chófer, él y otro conductor fueron apartados del servicio directo de Presidencia y trasladados a la Conselleria, lo que habría supuesto un empeoramiento de sus condiciones laborales. El escrito indica que el funcionario presenta un cuadro ansioso-depresivo.
Más responsables señalados
La querella no solo apunta al jefe de Gabinete. El escrito menciona también a la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, y a la directora de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), María Violeta Rodríguez.
El denunciante sostiene que ambas participaron o avalaron decisiones clave que permitieron modificar el proceso. Considera que los hechos podrían constituir delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
A la espera de que el juzgado decida si admite la querella, desde el Govern se recuerda que el accidente no causó heridos y que la presidenta no estaba en el vehículo.
No ha habido por ahora valoraciones oficiales sobre las acusaciones relativas al proceso selectivo, que podrían obligar al Ejecutivo a aportar documentación interna si se abren diligencias.
