La Magister dixit, la investigación que se llevó por delante al anterior alcalde de Sant Josep, el socialista Ángel Luis Guerrero, tras su detención poco después de las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023 avanza con extrema lentitud a golpe de prórroga. En estos momentos, se mantiene viva la última prórroga de seis meses decretada el 21 de febrero de 2025 por la magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín Montero, según el auto al que ha tenido acceso y que obra en poder de La Voz de Ibiza.
Tal como ha avanzado La Voz de Ibiza, no se trata de la única investigación que afecta a licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento de Sant Josep.
Durante este tiempo, no se han producido avances significativos en la investigación y son numerosas las pruebas, tanto testificales como periciales, que faltan para que la investigación entre en su fase final y, por lo tanto, se vislumbre un fecha cercana al escrito de acusación y la fijación de la fecha de la apertura del juicio oral o bien a un poco probable auto de archivo provisional de las diligencias.
Por ello, el próximo paso será decretar una nueva prórroga a finales de agosto que permita recibir «el resultado de las periciales a practicar tras las diligencias de entrada y registro practicadas en su día y el análisis y el estudio de la documentación física y virtual incautada y el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos».
Fuera de plazo
El enorme retraso que está acumulado la instrucción es contrario a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en su artículo 324 establece un plazo máximo de 12 meses para concluir las investigaciones. El mismo artículo contempla prórrogas sucesivas como máximo de seis meses, como se ha venido haciendo desde que el juzgado de instrucción número 3 incoara las actuaciones el día 23 de febrero de 2023 fruto de una investigación previa de la Guardia Civil.
«Visto el estado de las actuaciones y no habiendo sido posible la finalización de la fase de instrucción de la presente causa al concurrir, en el supuesto de autos, parámetros determinantes de la consideración de complejidad de la causa en atención a la propia naturaleza del hecho objeto de la misma que imposibilitan la conclusión de la fase de instrucción en el plazo ordinario legalmente previsto, procede acordar la prórroga de dicho plazo» dice la jueza para decretar la prórroga que actualmente está en vigor.
Es imposible vislumbrar una fecha cercana a la finalización de la instrucción debido al elevado número de licencias que están siendo revisadas por los agentes del Seprona que están al frente de la investigación actuando como Policía Judicial.
Una vez la Guardia Civil haya finalizado la investigación, será el turno de la toma de declaración a los imputados, ahora llamados investigados, y testigos. La lista de personas implicadas ha ido creciendo conforme se han ido practicando las diligencias. De hecho, no se trata todavía y ni mucho menos de una lista que pueda darse por cerrada.
La investigación tiene tres delitos sobre la mesa: contra la ordenación del territorio, cohecho y prevaricación administrativa, en este caso para los funcionarios implicados en el caso.
El inicio de la investigación
La causa Magister dixit, denominada así por la Guardia Civil, se inició en 2022 a partir de la denuncia de un particular a raíz de unas obras de rehabilitación en una propiedad.
Según ha trascendido hasta ahora, la investigación se centró inicialmente en tres desarrollos. Uno de ellos es el conocido Vadella 64, integrado por 64 estudios de uso comercial y otros 38 locales, transformados en apartamentos de lujo, en donde se produjo un cambio de criterio para dejar sin efecto levantar la paralización de las obras, decretada en 2007 por exceso de construcción.
Las otras dos corresponden a supuestas irregularidades en construcciones de es Cubells y Cala Bassa. En estos dos casos, los informes desfavorables de la arquitecta municipal habrían sido sustituidos por informes contratados a profesionales externos y que fueron emitidos en sentido contario al criterio defendido por la arquitecta, Silvia Torda. Carla García, la letrada de Urbanismo, habría dado más valor al externo en lugar de pedir un tercer informe.
A raíz de la denuncia, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevó adelante escuchas telefónicas en la que se detectó que este proceder era práctica habitual.
A partir de ellas se desencadenó el registro del Ayuntamiento de Sant Josep y de varios despachos profesionales implicados en los expedientes analizados. Fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad el entonces alcalde en funciones y regidor de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, la letrada municipal, Carla García, y dos abogados, un aparejador y un constructor. Desde entonces, no se han producido nuevas detenciones, ni avances significativos en la investigación.
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